TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó este jueves a Honduras a asegurar que las medidas contra el crimen organizado, incluidas las adoptadas como parte del Plan Nacional de Solución aprobado por el Gobierno en 2023, cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos.
En el último informe publicado tras el tercer examen periódico de Honduras, el Comité mostró su preocupación por las medidas incluidas en este plan, que incluyen la calificación como «terroristas» de los miembros de maras, pandillas y bandas del crimen organizado, la prisión preventiva sistemática o el juicio colectivo de crímenes, entre otras.
Por ello, urgió a Honduras a asegurar que «toda medida adoptada en la lucha contra el crimen organizado, tanto a nivel legislativo, institucional u operativo, se ajuste plenamente a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Además, pidió incrementar los esfuerzos para combatir el reclutamiento de niños por las bandas criminales o maras mediante estrategias de sensibilización, prevención y respuesta temprana, el fortalecimiento de entornos protectores a nivel familiar, escolar y comunitario y la protección de los niños que rechazan integrarse en dichas bandas o maras.
Al Comité le preocupó igualmente la prórroga sistemática del estado de excepción en el país desde 2022 bajo el argumento de la perturbación de la paz y seguridad ocasionada por los grupos criminales organizados.
En este sentido, aseguraron haber recibido informaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de este estado de excepción, que incluyen, por ejemplo, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos o detenciones ilegales.
Pidieron a las autoridades hondureñas que investiguen todas estas denuncias y que garanticen que cualquier medida introducida en el contexto del estado de emergencia sea «estrictamente necesaria, proporcional, temporal y sujeta a revisión judicial».
El informe también apuntó a la situación de las cárceles del país y el proceso de desmilitarización de éstas iniciado en 2023, cuando la muerte de 46 mujeres durante una reyerta en un centro penitenciario provocó que las autoridades delegaran parte del control en la Policía Militar.
Aunque toman nota del inicio de la transferencia de la gestión del sistema penitenciario a las autoridades civiles, «lamentan que no haya finalizado hasta la fecha», pues les preocupan las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad, debido a los actos de violencia contra reclusos reportados.
También alertaron sobre la situación de otros colectivos sociales del país como la comunidad LGTBIQ+, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrohondureños y los migrantes, los cuales, aseguran, «carecen de garantías constitucionales y legislativas de igualdad y no discriminación».
Con información de EFE
