TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La labor que realizan los profesionales del derecho se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen, al registrarse, en las dos últimas décadas (2004 – 2023), una serie de hechos violatorios que van desde secuestros, atentados, agresiones, amenazas, desplazamiento forzado y la muerte, en circunstancias violentas, de más de 200 personas que realizan esa actividad, reveló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Los hechos violentos contra los miembros de este gremio empezaron a registrarse a inicios del presente siglo, de allí que el CONADEH registró, a partir del 2004, la muerte violenta de unos 210 profesionales y pasantes de la carrera de derecho.
La titular del ente de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre señaló que las constantes agresiones, amenazas a muerte, atentados, el desplazamiento forzado e incluso la pérdida de la vida en circunstancias violentas han convertido la abogacía en una profesión de alto riesgo para quienes ejercen.
Aunado a ello, otra de las preocupaciones, de la defensora de los derechos humanos, es el alto nivel de impunidad de estos crímenes que andaría rondando el 93% de los casos, lo cual impide que se conozcan las verdaderas causas por las que pierden la vida violentamente los que se dedican al ejercicio de esta profesión.
Señaló que, en cualquier sociedad, la vida del profesional del derecho representa esperanza para una sociedad como la hondureña que necesitada de justicia.
Reiteró que la profesión del derecho es humanista y que, sin embargo, en Honduras su ejercicio conlleva muchos riesgos, no solo en materia penal, sino que en las diferentes ramas del derecho.
Del recuento de hechos realizados por el CONADEH se desprende que entre los profesionales del derecho fallecidos, desde el año 2004, figuran especialistas en derecho penal, derecho mercantil, jueces de tránsito, de la niñez y de letras.
Además, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos, asesores legales de sindicatos, de instituciones bancarias, instituciones del Estado, de organizaciones campesinas, ex operadores de justicia y otros que combinaban su profesión con otras actividades empresariales y religiosas.
Hasta ahora ha quedado demostrado que las condiciones de seguridad, por parte del Estado hondureño, no han sido las más propicias para salvaguardar la integridad física y la vida de más de dos centenares de profesionales del derecho, dijo la Defensora del Pueblo.
Otro de los hallazgos, de los registros del CONADEH, es que 14 departamentos del país han sido escenario de muertes violentas de abogados, sin embargo, el mayor riesgo se concentra en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán con el 70% de los casos.
La mayor parte de las víctimas fueron ejecutadas en el interior de sus vehículos, en algunos casos en compañía de miembros de su familia, otros en plena vía pública, en su bufete, vivienda o a pocos pasos de la misma.
Suman y siguen los ataques contra los profesionales del derecho
Entre enero del 2022 y mayo del 2023, el CONADEH registró más de una veintena de hechos violentos en las que resultaron siendo víctimas no solo los que ejercen la profesión del derecho, sino que hasta miembros de su familia.
En estos 17 meses, se registró un secuestro, amenazas, casos de desplazamiento forzado, la muerte violenta de familiares e incluso la perdida de la vida de una docena de profesionales del derecho.
Durante este periodo, siete departamentos del país fueron escenario de la muerte violenta de abogados, Olancho, Atlántida, Valle, Cortés, La Paz, El Paraíso y Francisco Morazán.
La titular del CONADEH recordó a las autoridades hondureñas su obligación de garantizar que los abogados del país desempeñen sus funciones profesionales sin ningún tipo de intimidación.
Además, que se les debe brindar la debida protección a los abogados y su familia, principalmente cuando su integridad física y la vida, están en riesgo como producto del ejercicio de su profesión.
Para finalizar, les instó a fortalecer la investigación y que exista una mejor coordinación entre los operadores de justicia para poner un alto a la impunidad que prevalece en el país.
