- El organismo advierte sobre posibles detenciones arbitrarias, abusos policiales y riesgos para la niñez; además, pide controles para evitar que las nuevas disposiciones vulneren las garantías constitucionales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exigió que las recientes reformas penales aprobadas en Honduras se apliquen con pleno respeto a los derechos humanos y sin dar lugar a detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza o actuaciones contrarias a los tratados internacionales suscritos por el país.
El delegado adjunto del Conadeh, Ricardo López, reconoció que el Estado necesita fortalecer sus herramientas legales para combatir a las maras, pandillas y organizaciones criminales que durante años han generado violencia, extorsión y desplazamiento forzado de personas.
No obstante, advirtió que el endurecimiento de las medidas de investigación y persecución penal también plantea importantes desafíos en materia de garantías fundamentales.
Uno de los aspectos que, a criterio del organismo, requiere mayor análisis es la reducción de la edad punible de los menores de edad, debido a los compromisos internacionales asumidos por Honduras, particularmente mediante la Convención sobre los Derechos del Niño.
López también se refirió a la controversia por los tatuajes alusivos a maras y pandillas y recordó que cualquier ciudadano tiene derecho a tatuarse el cuerpo, por lo que esta condición no debe convertirse, por sí sola, en motivo de detención.
En ese sentido, señaló que las autoridades deben contar con mecanismos técnicos y científicos para determinar si un tatuaje tiene realmente vínculos con estructuras criminales y evitar que las actuaciones policiales se fundamenten en interpretaciones arbitrarias.
Otra de las preocupaciones del Conadeh está relacionada con los allanamientos sin orden judicial previa, una disposición que puede generar temor en la población si no existen controles claros sobre las circunstancias y los procedimientos bajo los cuales se ejecutarán estas intervenciones.
El funcionario aclaró que las nuevas medidas no implican la suspensión de las garantías constitucionales mediante un estado de excepción, sino que buscan dotar al Estado de herramientas para enfrentar la criminalidad organizada.
Sin embargo, insistió en que su aplicación debe estar sujeta a vigilancia para impedir abusos de autoridad y vulneraciones a los derechos fundamentales.
Ante cualquier posible afectación, López aseguró que el Conadeh mantendrá abiertos sus canales de atención para recibir denuncias de ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos por la aplicación de estas disposiciones.
Finalmente, el delegado adjunto consideró fundamental socializar las reformas penales y establecer una mesa de diálogo que permita evaluar progresivamente su cumplimiento, identificar debilidades y formular recomendaciones oportunas.
El organismo reiteró que continuará monitoreando la actuación de las autoridades y emitirá las recomendaciones correspondientes cuando identifique posibles violaciones a los derechos humanos.
