- Defensoría de la Niñez advierte que reducir la edad punible implicaría retrocesos en derechos humanos y no atiende la exclusión, pobreza y reclutamiento forzado
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) se pronunció en contra de reducir la edad de responsabilidad penal en Honduras, al considerar que esta medida no resolverá los problemas de violencia que enfrenta el país y, por el contrario, desviaría la atención de las causas estructurales que convierten a miles de niños y niñas en víctimas.
“Es sumamente preocupante que cada cuatro años se hable de reducir la edad punible en el país”, expresó la coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga.
Menos del 1 % en centros de internamiento
La defensora explicó que actualmente hay 149 niñas, niños y adolescentes privados de libertad en centros de internamiento, cifra que no representa ni el 1 % del total de adultos recluidos en el sistema penitenciario nacional.
Según Maradiaga, la mayoría de estos adolescentes provienen de contextos de alta vulnerabilidad y exclusión social. Reveló que recientemente conversaron con dos adolescentes privadas de libertad en un centro del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), quienes no cursaron ni el primer grado y no saben leer ni escribir.
“Estamos hablando de niñas y niños que no tuvieron acceso a la educación y que han crecido en entornos marcados por la violencia y la pobreza”, señaló.
Reclutamiento forzado y exclusión educativa
Maradiaga recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en informes de 2015 y 2021, alertó que, en países como Honduras, Guatemala y El Salvador, niños y adolescentes están siendo utilizados por el crimen organizado.
Indicó que muchos son víctimas de reclutamiento forzado y amenazas de muerte si no se integran a estructuras criminales.
En ese contexto, subrayó que más de 1.2 millones de niños están fuera del sistema educativo en Honduras, lo que calificó como un “caldo de cultivo” para que grupos delictivos los capten. Además, mencionó que 1.1 millones de menores se encuentran en situación de trabajo infantil, muchos en labores peligrosas que ponen en riesgo su integridad física y emocional.
A ello se suman más de 15 mil niñas y niños en situación de calle, quienes, según la funcionaria, son presa fácil del crimen organizado.
Violencia e impunidad
La defensora también expresó preocupación por las 519 niñas, niños y adolescentes que perdieron la vida en 2025 producto de la violencia, así como por los más de 414 casos de violencia sexual registrados en 2024.
Advirtió que más del 90 % de los delitos cometidos contra menores permanecen en la impunidad, por lo que insistió en que el enfoque debe centrarse en investigar, juzgar y sancionar a los responsables, en lugar de criminalizar a la niñez.
“No es estigmatizando y discriminando a la población en conflicto con la ley que se va a resolver el problema de la violencia en nuestro país”, reiteró.
Convención y posibles retrocesos
Maradiaga recordó que Honduras ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento que establece que la privación de libertad debe ser la última medida y por el menor tiempo posible.
A su juicio, reducir la edad penal implicaría denunciar esa Convención. “No estamos como país en posición de retroceder en temas de derechos humanos y menos en un sector históricamente vulnerable”, concluyó.
Propuesta en el Congreso
El debate surge luego de que la diputada Saraí Espinal presentara esta semana en el Congreso Nacional de Honduras una iniciativa para reducir la edad punible de 18 a 16 años en delitos como violación, homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y portación ilícita de armas.
La propuesta también contempla la aplicación de castración química en algunos casos graves de violación, lo que ha generado un intenso debate jurídico y social en el país.
El tema vuelve así al centro de la agenda legislativa, en medio de posiciones encontradas entre quienes piden endurecer las penas y quienes advierten que la solución pasa por políticas públicas orientadas a la prevención, la educación y la protección integral de la niñez.
