- El organismo advierte que las medidas contra maras y pandillas deben respetar los tratados internacionales y garantizar la rehabilitación de los privados de libertad.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que las reformas y medidas impulsadas por el Estado para combatir la violencia, las maras, pandillas y el crimen organizado deben ajustarse a los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras.
El delegado adjunto del Conadeh, Ricardo López, reconoció la facultad del Estado para implementar acciones orientadas a reducir los índices de criminalidad, pero subrayó que estas deben someterse al principio de convencionalidad, con el objetivo de evitar que las nuevas disposiciones entren en contradicción con los tratados internacionales.
“Como Institución Nacional de Derechos Humanos nos apegamos a lo que establece la norma, a los estándares internacionales”, manifestó López.
El funcionario señaló que las medidas relacionadas con las personas privadas de libertad deben tomar en cuenta instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Nelson Mandela, que establecen estándares para el trato digno y las condiciones de reclusión.
Reformas penitenciarias generan preocupación
López expresó su preocupación por algunos aspectos de las reformas que se discuten en el Congreso Nacional, particularmente aquellos que podrían afectar el contacto de los privados de libertad con sus familiares, las visitas familiares y conyugales, así como otros mecanismos que contribuyen a su rehabilitación y posterior reinserción social.
El delegado adjunto recordó que la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, ha emitido anteriormente recomendaciones al Estado para fortalecer el sistema penitenciario y prevenir que las medidas adoptadas deriven en posibles violaciones de derechos humanos y en responsabilidades internacionales para Honduras.
Desde la perspectiva del organismo, las acciones de seguridad deben ejecutarse dentro del marco legal y bajo mecanismos que permitan garantizar la protección de los derechos de las personas recluidas.
Seguridad no puede limitarse a medidas restrictivas
El representante del Conadeh sostuvo que una medida restrictiva, por sí sola, no resolverá los problemas de violencia y criminalidad que enfrenta el país. En ese sentido, consideró indispensable que las estrategias de seguridad estén acompañadas de programas de prevención, educación, formación y protección comunitaria.
Explicó que el Estado debe prestar especial atención a las comunidades donde operan estructuras criminales, debido a que sus habitantes pueden enfrentar presiones o ser obligados a involucrarse en actividades ilícitas.
López también destacó la responsabilidad estatal de impulsar procesos educativos y de rehabilitación para las personas privadas de libertad, con el propósito de facilitar su reinserción en la sociedad una vez que hayan cumplido las penas impuestas por los tribunales.
Conadeh defiende su papel de vigilancia y orientación
Ante el debate sobre las reformas destinadas a endurecer las medidas contra el crimen, López defendió la función del Conadeh como una institución que orienta al Estado en la prevención de vulneraciones de derechos humanos, y no como un organismo que pretenda obstaculizar las acciones de seguridad.
Asimismo, recordó que Blanca Izaguirre ejerció anteriormente como comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (CONAPREV) y ha realizado visitas a centros penitenciarios del país, experiencia vinculada con la supervisión de las condiciones de las personas privadas de libertad.
Finalmente, el funcionario reiteró que el Estado debe combatir la violencia y el crimen organizado sin dejar de garantizar los derechos humanos de todas las personas, tanto de quienes se encuentran en libertad como de quienes cumplen condenas en los centros penitenciarios.
El planteamiento del Conadeh coloca en el centro del debate la necesidad de que las políticas de seguridad y las reformas penitenciarias combinen el combate al crimen con el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Honduras.
