TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El pleno del Congreso Nacional de la República aprobó este miércoles la ampliación del plazo para que los precandidatos que participaron en las elecciones primarias de 2025 presenten sus informes de gastos de campaña ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), también conocida como Unidad de Política Limpia.
La nueva fecha límite para cumplir con esta obligación será el 31 de julio del presente año, extendiendo el plazo original que venció el pasado 30 de abril.
La iniciativa fue presentada ante el pleno por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, con el objetivo de garantizar mayor claridad, cumplimiento y transparencia en el proceso de fiscalización de fondos utilizados durante la campaña electoral.
Detalles del decreto aprobado
El Decreto Legislativo establece en su Artículo 1 que se autoriza a la UFTF para considerar como válidos y presentados en tiempo y forma todos los informes financieros entregados hasta el 31 de julio de 2025, pese a que la fecha original venció el 30 de abril, según lo estipulado en el Decreto No. 15-2025, publicado en “La Gaceta” el pasado 5 de mayo.
En su Artículo 2, se otorga a la Unidad la facultad de ampliar su planificación de actividades, incluyendo procesos de fiscalización, contrataciones, adquisiciones y modificaciones presupuestarias, conforme a sus funciones como órgano adscrito al Consejo Nacional Electoral (CNE), con autonomía administrativa.
Finalmente, el Artículo 3 establece que este decreto entra en vigencia a partir de su publicación oficial en el Diario “La Gaceta”.
Fortalecer la transparencia
Con esta decisión, el Congreso busca que todos los sujetos obligados —en cualquier nivel electivo— tengan tiempo adicional para rendir cuentas y fortalecer la rendición de cuentas en el proceso electoral.
La UFTF juega un papel fundamental en el monitoreo del uso de recursos públicos y privados durante las campañas políticas, y esta extensión permitirá que cumpla su labor con mayor amplitud, sin que ello implique dejar de exigir transparencia y legalidad en los informes entregados.
