• El Legislativo discutirá la iniciativa de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, que plantea recortes institucionales, manejo extraordinario de la deuda y amplias facultades financieras al Ejecutivo en medio de cuestionamientos por su impacto social.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Congreso Nacional de Honduras socializará este martes el tercer decreto de emergencia del gobierno del presidente Nasry Asfura, denominado Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, iniciativa que declara un estado de emergencia fiscal y financiera por hasta 24 meses y que, entre otras medidas, abriría la posibilidad de despidos de empleados públicos con o sin contrato como parte de la reestructuración del aparato estatal.
El proyecto fue enviado al Legislativo bajo el argumento de que el país enfrenta un deterioro sostenido de las finanzas públicas, limitaciones severas de liquidez y riesgos para la continuidad de servicios esenciales, situación que —según el Ejecutivo— obliga a adoptar medidas extraordinarias para restablecer el orden fiscal y financiero.
La iniciativa también propone reducir el número de instituciones públicas —que actualmente superan el centenar— mediante procesos de reorganización o eliminación de entidades con funciones duplicadas, así como otorgar amplias facultades a la Secretaría de Finanzas de Honduras (SEFIN) para reestructurar o perfilar la deuda pública interna y externa del Estado.
Entre las disposiciones más sensibles del proyecto se encuentra la autorización para realizar movimientos presupuestarios entre gasto corriente y de capital, efectuar conciliaciones judiciales o extrajudiciales en demandas contra el Estado y ordenar que los embargos judiciales no se ejecuten directamente contra la Caja Única, sino que sean programados por la Tesorería General de la República, lo que ha generado debate sobre el alcance de la medida y sus implicaciones legales.
Asimismo, la normativa contempla un diagnóstico integral de contratos, actos administrativos y decisiones adoptadas antes de la entrada en vigencia de la ley que pudieran haber afectado las finanzas públicas, los cuales deberán remitirse al Tribunal Superior de Cuentas para las acciones correspondientes.
El Ejecutivo sostiene que la declaratoria de emergencia no suspende derechos fundamentales ni altera el orden constitucional, sino que habilita un régimen fiscal extraordinario sujeto a mecanismos de control, rendición de cuentas y responsabilidades administrativas, civiles y penales en caso de abusos.
Uno de los puntos que más ha generado preocupación es la posibilidad de despidos en el sector público como parte de la racionalización del Estado, medida que, aunque el gobierno considera necesaria para reducir el gasto, podría afectar a miles de empleados y provocar tensiones laborales en el corto plazo.
El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, argumentó que la reducción del aparato estatal responde a la existencia de duplicidad de funciones y sobrecarga administrativa en diversas instituciones, señalando que el país enfrenta además un problema histórico de demandas y embargos judiciales contra el Estado que han presionado las finanzas públicas durante décadas.
Según datos oficiales, en los últimos cinco años los embargos contra el Estado han alcanzado montos cercanos a 10,000 millones de lempiras, mientras que en menos de 15 días recientes el impacto de nuevas demandas habría superado los 3,000 millones, lo que, según el Ejecutivo, evidencia la urgencia de medidas extraordinarias.
La iniciativa, que tendrá una vigencia máxima de dos años tras su eventual aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta, abre un nuevo frente de debate político y económico sobre el rumbo de las finanzas públicas, el tamaño del Estado y el costo social de las medidas de ajuste que el gobierno considera necesarias para enfrentar la crisis fiscal.
