- Oficialismo defiende disciplina fiscal y aumentos en áreas sociales, mientras oposición denuncia recortes y cuestiona el debate
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En una sesión maratónica que se extendió hasta altas horas de la noche, el Congreso Nacional aprobó la noche de ayer martes el Presupuesto General de la República 2026 por un monto de 444,335,810,947 lempiras, tras una discusión por capítulos marcada por intensas negociaciones políticas, señalamientos cruzados y un debate que por momentos se alejó del análisis técnico.
La normativa financiera fue ratificada con la dispensa de dos debates y culminó después de las 11:00 p.m., en una jornada que evitó los cuestionados “madrugones” de legislaturas anteriores, pero que no estuvo exenta de críticas por el tono confrontativo entre las distintas bancadas.
La aprobación contó con el respaldo de los partidos Nacional y Liberal, así como de las fuerzas minoritarias PINU y Democracia Cristiana. En contraste, Libre se negó a acompañar el dictamen en su totalidad. La diputada Clara López argumentó que el presupuesto implica una reducción real para el sector Salud, uno de los puntos más debatidos durante la sesión.
Un presupuesto menor al propuesto inicialmente
Desde el Ejecutivo, liderado por el presidente Nasry Asfura, se defendió que el instrumento aprobado refleja una reducción cercana a los 25 mil millones de lempiras respecto al proyecto original elaborado durante la administración de Xiomara Castro, que ascendía a 469,249 millones, pero que no fue discutido en el anterior Congreso encabezado por Luis Redondo.
No obstante, el nuevo presupuesto representa un incremento de 13,427 millones de lempiras en comparación con el aprobado en 2025, que fue de 430,907.8 millones.
Debate político opacó análisis técnico
Aunque el dictamen incorporó recomendaciones surgidas durante el proceso de socialización, el hemiciclo se convirtió en escenario de discursos cargados de tintes políticos.
Algunos diputados centraron sus intervenciones en exaltar la figura del actual mandatario, mientras otros protagonizaron intercambios de reproches y acusaciones, desviando la atención del contenido financiero.
Finanzas defiende inversión social y disciplina fiscal
El titular de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Emilio Hércules, sostuvo que el presupuesto está orientado a una gestión responsable y transparente de los recursos públicos.
“Este presupuesto apuesta por una inversión responsable, eficiencia en el uso de los recursos y fortalecimiento de la disciplina fiscal”, afirmó el funcionario, quien permaneció en el pleno atendiendo consultas de los legisladores.
Según detalló, el plan contempla incrementos significativos en sectores clave: Educación recibirá más de 3,700 millones adicionales, Salud superará los 2,000 millones en aumento, mientras que Seguridad y Defensa verán reforzados sus fondos con incrementos de más de 1,830 y 1,524 millones de lempiras, respectivamente.
Asimismo, destacó el impulso a la descentralización mediante el aumento de las transferencias municipales, que pasarán del 5.8% al 7.3%, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos locales.
Entidades como el Ministerio Público de Honduras, el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República también recibirán mayores asignaciones para reforzar la fiscalización y transparencia del gasto público.
Congreso y Ejecutivo defienden alcance del instrumento
Por su parte, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, defendió la estructura del gasto y aseguró que permitirá cumplir las promesas de campaña.
“El gobierno no va a fallar; este presupuesto es para todo el pueblo hondureño”, expresó al cierre de la sesión, destacando el trabajo técnico de la Comisión de Presupuesto.
Desde el Ejecutivo se reiteró que la aprobación del presupuesto se enmarca en una estrategia de control del déficit fiscal y endeudamiento responsable, priorizando la inversión pública productiva.
Mensaje de estabilidad, pero con dudas políticas
Con la ratificación del Presupuesto 2026, el gobierno busca enviar un mensaje de estabilidad financiera a los sectores productivos y a la ciudadanía.
Sin embargo, el ambiente de confrontación política que rodeó su aprobación deja abiertas interrogantes sobre el nivel de consenso y la vigilancia en la ejecución de los más de 444 mil millones de lempiras que regirán las finanzas públicas del país.
