- La iniciativa propone trasladar al pleno de magistrados decisiones sobre nombramientos, traslados y administración judicial, mientras se crea el Consejo de la Judicatura
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El pleno del Congreso Nacional aprobó en su primer debate un proyecto de ley orientado a retirar las facultades administrativas absolutas a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y trasladarlas al pleno de magistrados, como una medida transitoria hasta la aprobación de la futura Ley del Consejo de la Judicatura.
La iniciativa, presentada por el diputado liberal Francis Cabrera, plantea reformar el artículo 3 del Decreto Legislativo No. 282-2010, con el objetivo de que decisiones relacionadas con nombramientos, traslados, rotaciones y asignaciones de jueces, así como otros movimientos administrativos, sean adoptadas por mayoría del pleno de magistrados.
El proyecto de decreto establece que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, como órgano colegiado, retome las facultades de seleccionar, nombrar y destituir a jueces, magistrados y personal administrativo del Poder Judicial, de conformidad con la Constitución de la República y las leyes vigentes.
Asimismo, se dispone que la organización, dirección y administración del Poder Judicial corresponda exclusivamente al pleno de magistrados actuando de manera colegiada.
La propuesta surge en medio de cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad civil, que han criticado decisiones administrativas adoptadas de manera unilateral por la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, especialmente en relación con traslados y rotaciones de jueces y otros movimientos internos que han generado debate público.
La aprobación en primer debate contó con el respaldo de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal, así como de representantes del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y del Partido Demócrata Cristiano (DC).
Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, indicó que su bancada analizará la normativa antes de fijar una postura definitiva de cara a la discusión en segundo y tercer debate, etapas necesarias para su eventual aprobación final.
