• Ministerio Público deberá designar en cinco días equipo que analizará grabaciones divulgadas por el consejero del CNE, mientras el Legislativo exige informes semanales del proceso
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Congreso Nacional aprobó por unanimidad solicitar al Ministerio Público que designe y envíe, en un plazo máximo de cinco días, una comisión especial de fiscales a Estados Unidos para realizar un peritaje técnico forense a los audios que han generado controversia en torno al proceso electoral de noviembre de 2025.
La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, quien argumentó que las grabaciones divulgadas por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, han provocado “una profunda preocupación nacional” debido a las implicaciones políticas e institucionales que podría tener su autenticidad o eventual manipulación.
Durante su intervención, Bertrand sostuvo que, de confirmarse la falsedad de los audios mediante análisis científicos especializados, el hecho representaría una situación de alta gravedad para la estabilidad institucional del país.
Asimismo, señaló que, debido a la complejidad técnica del análisis digital y la posible utilización de herramientas avanzadas de inteligencia artificial, resulta necesario acudir a laboratorios internacionales con estándares reconocidos.
En su exposición, Bertrand aseguró que el objetivo es demostrar científicamente la supuesta falsedad de los audios y establecer si existió una intención deliberada de «torpedear desde un inicio el proceso electoral de 2025» y dañar la imagen de la consejera Cossette López Osorio y del ahora presidente del Congreso, José Tomás Zambrano Molina.
Según lo discutido en el hemiciclo, las grabaciones —al menos 26 audios— contendrían conversaciones relacionadas con decisiones internas del CNE y supuestas maniobras para influir en el desarrollo del proceso electoral, material que ha sido utilizado por distintos sectores tanto para denunciar irregularidades como para cuestionar su autenticidad.
La moción aprobada exhorta al Ministerio Público a coordinar el envío de la comisión de fiscales para la realización de los estudios técnicos y, además, establece que la institución deberá remitir informes semanales al Congreso Nacional sobre los avances de la gestión internacional, con el objetivo de mantener supervisión política y garantizar transparencia en el procedimiento.
Durante el debate, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, respaldó la realización de un peritaje internacional, aunque planteó que los análisis se practiquen en instancias estatales oficiales y no en laboratorios privados, con el fin de evitar suspicacias y fortalecer la credibilidad de los resultados.
«Desde Libre queremos que se le diga la verdad al pueblo. Creemos que el pueblo merece justicia y que se haga ese estudio. Si hablamos de la DEA, mandémoslos a la DEA; si hablamos de la CIA, mandémoslos a la CIA, pero que sea un ente formal del Estado», puntualizó.
El legislador insistió en que los 26 audios deben someterse a un análisis exhaustivo y que los resultados se comuniquen al país con total transparencia, subrayando que la investigación debe permitir establecer con claridad la veracidad del material y las eventuales responsabilidades derivadas del caso.
