Congreso aprueba reforma energética entre acusaciones de privatización y fuerte división política

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  • Con 78 votos, el Legislativo aprobó el nuevo marco para el subsector eléctrico con respaldo del Partido Nacional y un sector del Partido Liberal, mientras Libre rechazó la reforma y advirtió sobre una mayor apertura a intereses privados.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. —

El Congreso Nacional aprobó, al filo de las 11:20 de la noche del lunes 31 de agosto de 2026, las reformas al subsector eléctrico, presentadas por sus impulsores como una alternativa para rescatar y transformar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El decreto obtuvo 78 votos a favor, en una jornada marcada por fuertes cuestionamientos, enfrentamientos entre bancadas y una evidente división política alrededor del futuro de la estatal eléctrica.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que la iniciativa fue respaldada por 49 diputados del Partido Nacional y 29 parlamentarios de las demás bancadas, evidenciando que el respaldo no fue una posición unánime del Partido Liberal.

La reforma plantea una escisión empresarial de la ENEE, manteniendo al Estado como propietario de la empresa y sus activos. Sin embargo, establece un modelo de operación con mayor participación de agentes privados y mecanismos de mercado, precisamente uno de los aspectos que generó mayor preocupación entre los sectores opositores.

De acuerdo con sus defensores, el objetivo es reducir las pérdidas de la estatal, mejorar su situación financiera, aumentar la confiabilidad del servicio eléctrico, atraer inversión y procurar tarifas más accesibles para los consumidores.

Una reforma que divide al liberalismo

El debate tomó un giro cuando el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, anunció que su grupo parlamentario presentaría una contrapropuesta al dictamen que estaba siendo discutido.

Cálix sostuvo que no compartía el proyecto original y que, para elaborar su propuesta, consultó con expertos nacionales e internacionales.

La contrapropuesta liberal contempla 16 puntos, entre ellos establecer expresamente que la ENEE no pueda venderse ni privatizarse y que tampoco pueda disponer de su patrimonio sin una mayoría calificada de 96 votos, equivalentes a las tres cuartas partes del hemiciclo.

El planteamiento también contempla que la estatal opere mediante tres subsidiarias encargadas de generación, transmisión y distribución, manteniendo bajo propiedad pública las centrales hidroeléctricas y prohibiendo la subasta de sus activos.

Asimismo, Cálix propuso condonar determinadas deudas de energía a municipalidades de menores ingresos y a familias pobres y vulnerables con consumos inferiores a 200 kilovatios.

Otro de los puntos centrales es la prohibición de las contrataciones directas de energía, estableciendo que las compras se realicen mediante licitaciones públicas, preferiblemente bajo el mecanismo de subasta inversa.

Cálix cuestionó que la última licitación de energía se haya realizado hace casi 20 años.

Libre rechaza la reforma

La bancada de Libertad y Refundación (Libre) se posicionó en contra del decreto.

Durante la discusión, la diputada Luz Angélica Smith sostuvo que la energía eléctrica no debe ser tratada como un negocio y expresó preocupación por la apertura de espacios a intereses privados.

“Nos preocupa que se abran espacios a los intereses privados, que el Estado vaya perdiendo la capacidad de administrar un servicio accesible para los hondureños”, cuestionó.

Smith reconoció que la ENEE necesita transformaciones, pero sostuvo que fortalecer la empresa pública no debe significar beneficiar intereses particulares.

La diputada también cuestionó el procedimiento legislativo utilizado, argumentando que la presentación de una propuesta sustancialmente diferente a la enviada originalmente por el Poder Ejecutivo generaba dudas sobre la validez de los debates previamente agotados y sobre la técnica parlamentaria.

Libre dejó clara su postura de rechazo a cualquier privatización de la ENEE y solicitó que se consignen públicamente los nombres de los diputados que votaron a favor y en contra de las reformas.

La defensa de Cálix

Ante los cuestionamientos, Cálix defendió la iniciativa y aseguró que el nuevo proyecto garantiza la propiedad pública de la ENEE y de sus bienes.

El jefe de la bancada liberal sostuvo que precisamente uno de los objetivos de su propuesta era establecer mayores candados para impedir una eventual venta de la estatal y garantizar que sus activos permanezcan bajo control público.

Sin embargo, la discusión dejó expuesta una diferencia importante dentro del Partido Liberal, ya que mientras la jefatura de bancada respaldó la contrapropuesta, otros diputados liberales anunciaron públicamente que votarían en contra de las reformas.

Una sesión marcada por la confrontación

La tensión aumentó durante la discusión del decreto.

Mientras Cálix intervenía en defensa de la propuesta, el diputado de Libre Fabricio Sandoval protagonizó un incidente en el hemiciclo con pitos, gritos y consignas en contra de las reformas.

Cálix respondió cuestionando a la bancada de Libre y recordó el contrato de 300 megavatios generados con diésel relacionado con Brassavola, acusando a diputados del período anterior de haberlo aprobado en beneficio de personas cercanas al gobierno pasado.

Ante el comportamiento de Sandoval, el presidente del Congreso Nacional anunció una sanción equivalente a 15 días de salario por entorpecer el desarrollo de la sesión. El diputado de Libre, por su parte, respondió solicitando que se le retirara el salario por lo que resta del año.

El verdadero pulso por la ENEE

La aprobación de las reformas abre una nueva etapa para la estatal eléctrica hondureña. Sus promotores sostienen que el nuevo modelo busca sanear las finanzas de la ENEE, reducir pérdidas y atraer inversión, manteniendo al Estado como propietario.

Sus críticos, en cambio, advierten que la incorporación de mecanismos de mercado y una mayor participación de agentes privados puede terminar debilitando la capacidad del Estado para controlar un servicio considerado estratégico.

Así, aunque la reforma no plantea formalmente la venta de los activos o acciones de la ENEE, la discusión política deja una interrogante de fondo: ¿el nuevo modelo será realmente un mecanismo para rescatar y fortalecer la empresa pública o abrirá progresivamente la puerta a una mayor participación privada en el sistema eléctrico?

Con la aprobación consumada, el desafío estará ahora en la aplicación de la reforma y en determinar si los cambios prometidos se traducen en una ENEE financieramente sostenible, un servicio más confiable y tarifas más accesibles para los hondureños, sin que el patrimonio público termine comprometido.

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