- La medida busca mayor control y transparencia en el manejo de recursos públicos, aunque plantea retos en el equilibrio institucional
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República orientadas a centralizar los fondos del Estado mediante la implementación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), que será administrada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
La reforma establece que los recursos públicos serán concentrados en una sola cuenta bajo la gestión de la Tesorería General de la República (TGR), con el objetivo de reducir la dispersión de fondos y mejorar el control sobre los ingresos y egresos del Estado.
Según el decreto, esta atribución tendrá carácter excepcional y deberá ser autorizada mediante ley para cada institución.
El diputado nacionalista y exministro de Finanzas, Marco Midence, explicó que la iniciativa permitirá monitorear en tiempo real el flujo de recursos, facilitando una administración más ordenada, especialmente de los ingresos provenientes de Aduanas y el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
De acuerdo con el legislador, entre los principales beneficios destacan una mayor disciplina fiscal, mejor planificación financiera y una ejecución más eficiente del gasto público, ajustada a la disponibilidad real de ingresos.
La reforma también amplía las facultades de la Tesorería General, que ahora podrá centralizar ingresos, ejecutar pagos y supervisar cuentas públicas, así como requerir información financiera a nivel nacional e internacional.
Esto, según lo expuesto en el Congreso, permitirá una programación más ordenada de pagos y un mejor manejo de la deuda pública.
La iniciativa se enmarca en recomendaciones promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y responde a prácticas internacionales orientadas a fortalecer la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos estatales.
Si bien la medida apunta a mejorar el control financiero del Estado, también abre el debate sobre la necesidad de garantizar adecuados mecanismos de supervisión que acompañen este proceso de centralización.
