- La nueva normativa declara de interés nacional la protección de la agroindustria y ordena desalojos de ocupaciones ilegales, mientras organismos internacionales alertan sobre posibles impactos en comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En una decisión que ya genera debate dentro y fuera del país, el Congreso Nacional aprobó la noche de ayer miércoles la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, una normativa que busca blindar las inversiones, la producción y las tierras destinadas a actividades agroindustriales frente a invasiones y conflictos por la tenencia de la tierra.
La legislación fue aprobada pese a las advertencias formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que expresó preocupación por las posibles repercusiones que la medida podría tener sobre comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que mantienen históricas disputas territoriales.
El nuevo marco legal declara de «orden público, interés y prioridad nacional» la protección integral de la actividad agroindustrial, incluyendo no solo las inversiones productivas, sino también la infraestructura, las cadenas logísticas, el transporte y demás bienes vinculados al sector.
Uno de los puntos más relevantes de la normativa establece que serán consideradas inafectables las tierras y mejoras destinadas efectivamente a actividades agroindustriales y al cultivo de materias primas, siempre que su propiedad esté legalmente definida e inscrita en el Registro de la Propiedad.
Asimismo, la ley ordena a las autoridades judiciales y policiales ejecutar desalojos en aquellos casos donde se determine la ocupación ilegal de tierras protegidas por la normativa, una disposición que ha sido interpretada por sectores empresariales como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica y proteger la inversión.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la aprobación de la ley argumentando que responde al incremento de invasiones en propiedades productivas registrado en los últimos años.
Según el titular del Legislativo, la inseguridad jurídica generada por estos conflictos ha provocado pérdidas económicas, reducción de inversiones y afectaciones directas a sectores estratégicos como la palma africana, el café, la caña de azúcar y los cultivos cítricos.
Zambrano aseguró además que la normativa no afecta la reforma agraria ni los derechos de los campesinos, al sostener que el acceso a tierras debe realizarse mediante mecanismos legales a través del Instituto Nacional Agrario (INA) y no mediante ocupaciones de fincas productivas.
Sin embargo, la aprobación ha encendido las alarmas en organismos defensores de derechos humanos.
La OACNUDH advirtió que la legislación podría profundizar la criminalización de conflictos sociales vinculados a demandas de acceso a la tierra y reconocimiento de territorios ancestrales.
En un pronunciamiento público, el organismo internacional señaló que la ley podría tener efectos negativos sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de comunidades vulnerables, además de incrementar la conflictividad en zonas donde existen disputas históricas por la propiedad de la tierra.
La oficina de Naciones Unidas instó al Estado hondureño a garantizar que sus iniciativas legales se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos y recomendó fortalecer el diálogo como mecanismo para resolver los conflictos agrarios que persisten en distintas regiones del país.
La aprobación de esta normativa refleja una de las discusiones más sensibles en Honduras: el equilibrio entre la protección de la inversión privada y la seguridad jurídica, frente a las demandas históricas de acceso a la tierra por parte de sectores campesinos e indígenas.
Mientras el sector productivo celebra la medida como un paso para frenar las invasiones, organizaciones de derechos humanos advierten que el desafío de fondo sigue siendo encontrar soluciones integrales a un problema agrario que el país arrastra desde hace décadas.
