- CN declara terroristas a maras y pandillas y aprueba paquete de reformas para golpear las finanzas, operaciones y redes criminales en Honduras
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Congreso Nacional aprobó por unanimidad la noche del lunes un amplio paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientado a endurecer el combate contra la extorsión, las maras, pandillas y demás estructuras del crimen organizado que operan en Honduras.
Tras un extenso debate legislativo, el pleno del Congreso dio luz verde a una serie de modificaciones consideradas por las autoridades como uno de los cambios más severos en materia de seguridad y justicia penal de los últimos años.
El nuevo marco jurídico eleva la extorsión a un delito de máxima gravedad, declara oficialmente a las maras y pandillas como organizaciones terroristas y amplía las facultades de investigación y persecución criminal para los operadores de justicia.
Las reformas fueron aprobadas por unanimidad y, según el dictamen final, buscan atacar no solo a quienes ejecutan los delitos, sino también toda la estructura financiera, logística y operativa que sostiene a estas organizaciones criminales.
Extorsión podría castigarse con prisión perpetua
Uno de los cambios más contundentes corresponde a la reforma del artículo 373 del Código Penal relacionado con el delito de extorsión.
La nueva disposición establece penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de multas de 500 a 1,000 días, para quienes mediante amenazas, intimidación o violencia obliguen a una persona a entregar dinero, bienes o realizar actos contra su voluntad.
Sin embargo, uno de los puntos más severos aprobados es que, si como consecuencia de la extorsión una persona pierde la vida, los responsables podrán enfrentar prisión a perpetuidad.
Asimismo, el Congreso determinó que el delito de extorsión será considerado consumado aun cuando la víctima no haya realizado el pago exigido por los criminales, eliminando vacíos legales que anteriormente complicaban los procesos judiciales.
Amplían castigos para toda la red criminal
Las reformas también amplían la responsabilidad penal para todas las personas involucradas en el esquema de cobro extorsivo.
A partir de ahora serán considerados coautores del delito quienes recolecten dinero, faciliten cuentas bancarias, realicen transferencias electrónicas, administren fondos ilícitos o reciban bienes producto de la extorsión.
Con ello, las autoridades buscan desmantelar las estructuras financieras utilizadas por maras y pandillas para movilizar recursos provenientes de actividades criminales.
De igual forma, el Congreso eliminó la posibilidad de aplicar procedimientos abreviados en delitos de extorsión, endureciendo aún más las consecuencias judiciales para los implicados.
Maras y pandillas serán consideradas organizaciones terroristas
Otro de los cambios de mayor impacto fue la reforma al artículo 587 sobre asociación terrorista.
El nuevo texto incorpora expresamente a maras, pandillas, estructuras criminales transnacionales y redes vinculadas al narcotráfico dentro de la figura de organizaciones terroristas cuando actúen mediante violencia sistemática, intimidación colectiva o control territorial.
Según lo aprobado, los directivos, promotores y financistas de estas estructuras enfrentarán penas de entre 15 y 20 años de prisión, mientras que los integrantes podrían recibir condenas de 10 a 15 años.
Las autoridades sostienen que esta clasificación permitirá fortalecer las herramientas legales y operativas para combatir organizaciones criminales de alto impacto que mantienen bajo amenazas a distintos sectores del país.
Castigarán uso ilegal de uniformes policiales y militares
El paquete de reformas también endurece las sanciones para quienes utilicen ilegalmente uniformes, insignias o equipos similares a los empleados por cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas.
La modificación al artículo 473 establece penas de entre cuatro y seis años de prisión para quienes posean este tipo de indumentaria sin autorización legal.
Además, si dichos uniformes son utilizados para facilitar, cometer o encubrir delitos, la pena podría aumentar hasta diez años de cárcel.
Nuevas reglas para telecomunicaciones e información privada
Las reformas aprobadas también alcanzan áreas vinculadas a telecomunicaciones, manejo de información privada y difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
El Congreso incorporó nuevas obligaciones para compañías telefónicas, operadoras y proveedores de internet relacionadas con el registro y verificación de identidad de usuarios, como parte de las estrategias para rastrear actividades criminales y combatir delitos tecnológicos.
Crearán Agencia Nacional contra el Crimen
Dentro del paquete legislativo también se aprobó la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una nueva estructura orientada a fortalecer las labores de inteligencia, investigación y combate contra organizaciones criminales.
Las autoridades consideran que esta institución permitirá una mayor coordinación entre las entidades encargadas de seguridad, investigación y defensa.
Asimismo, el Congreso autorizó que las Fuerzas Armadas continúen apoyando a la Secretaría de Seguridad mediante la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en tareas de seguridad ciudadana y operativos en barrios y colonias.
La medida fue respaldada por unanimidad por los diputados, quienes sostienen que el apoyo militar seguirá siendo clave en la lucha contra las estructuras criminales y delitos de alto impacto que afectan al país.
Con estas reformas, el Congreso Nacional asegura que Honduras entra en una nueva etapa de endurecimiento penal y ofensiva directa contra las maras, pandillas y redes del crimen organizado que por años han sembrado violencia, miedo y extorsión en distintos sectores del territorio nacional.
