• Exmagistrados y expertos electorales entregaron un proyecto que plantea modificar más de 70 artículos, sancionar las ausencias injustificadas de consejeros y fortalecer la institucionalidad de cara a futuros procesos electorales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Congreso Nacional recibió este miércoles una propuesta de reformas a la Ley Electoral que busca corregir las deficiencias detectadas durante los últimos procesos electorales y fortalecer el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante cambios a más de 70 artículos de la normativa vigente.
La iniciativa fue entregada al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, por una comisión integrada por exdirectores y exmagistrados del desaparecido Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del actual CNE, quienes elaboraron un documento con modificaciones y nuevas disposiciones orientadas a mejorar el sistema electoral hondureño.
Durante la recepción del proyecto también estuvieron presentes el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma; el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas; y el diputado nacionalista por Yoro, Eder Mejía.
Al referirse a la propuesta, Zambrano afirmó que el primer paso será analizar las lecciones que dejaron las elecciones de 2025 para identificar las fallas del proceso y establecer los cambios necesarios que permitan garantizar mayor eficiencia y transparencia en futuros comicios.
“Tenemos que analizar punto por punto cuáles son las propuestas que van a ser presentadas en el pleno y posteriormente incorporarlas a la Comisión de Asuntos Electorales”, manifestó.
Uno de los principales cambios que, a criterio del presidente del Legislativo, debe impulsarse es la modificación de la integración del pleno del CNE, luego de que en procesos anteriores la ausencia de algunos consejeros provocara una prolongada paralización de la institución.
“Vimos anteriormente cómo los consejeros no integraban por instrucciones de los partidos políticos y eso paralizó al CNE durante meses. No había responsabilidad ni sanción para quienes se ausentaban de manera injustificada. Ya no podemos seguir permitiendo que los consejeros propietarios y suplentes no quieran asistir”, expresó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas, explicó que el proyecto fue elaborado por especialistas con amplia experiencia en materia electoral y contempla la reforma de más de 70 artículos, además de la incorporación de nuevas disposiciones para prevenir las dificultades registradas tanto en las elecciones primarias como en las generales.
“Vamos a analizar estas propuestas y posteriormente someterlas a consideración del pleno del Congreso Nacional”, indicó el parlamentario.
En representación del grupo de expertos, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, señaló que la iniciativa fue construida con un enfoque técnico y sin intereses partidarios, priorizando el fortalecimiento de la democracia y la recuperación de la confianza ciudadana en los organismos electorales.
“Hemos puesto nuestro esfuerzo y nuestras opiniones pensando en la democracia, en la imagen del organismo electoral, en el sistema electoral y, sobre todo, en la credibilidad que debe existir para que en cada proceso electoral se refleje fielmente la voluntad del pueblo hondureño”, expresó.
El proyecto será presentado formalmente ante el pleno del Congreso Nacional por el diputado suplente de la Democracia Cristiana, Flavio Nájera, quien fungirá como proponente de la iniciativa.
La comisión que elaboró la propuesta está integrada por Mario Aguilar, Kelvin Aguirre y Roberto Callejas, por el Partido Nacional; Augusto Aguilar, Enrique Ortez Sequeira y Germán Lobo, por el Partido Liberal; Denis Gómez, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD); y Flavio Nájera, del Partido Demócrata Cristiano.
De ser discutida y aprobada por el Congreso Nacional, la iniciativa representaría una de las reformas más amplias a la Ley Electoral desde su entrada en vigencia, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad electoral y evitar que se repitan las crisis que marcaron los últimos procesos democráticos en el país.
