• La normativa establece nuevas medidas para combatir las estructuras criminales, refuerza la seguridad en los centros penitenciarios y endurece el régimen para privados de libertad de alta peligrosidad.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Congreso Nacional aprobó este martes, por unanimidad de votos, reformas a la Ley Especial para el Combate a las Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, así como modificaciones a la legislación penitenciaria y de seguridad, con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a las estructuras criminales.
La sesión legislativa contó con la presencia de la cúpula de seguridad, encabezada por el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez Aguilera.
La normativa contempla nuevas disposiciones para el combate al crimen organizado, el establecimiento de un régimen especial para personas privadas de libertad de alta peligrosidad y medidas de control dentro de los centros penitenciarios.
La aprobación se produce en medio de los llamados de las autoridades a reforzar la coordinación institucional y adoptar acciones contra las organizaciones criminales que operan en el país.
Zambrano exige resultados a las autoridades de seguridad
Durante la sesión, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, exigió a la cúpula de seguridad demostrar resultados concretos en la aplicación de las medidas aprobadas.
El titular del Poder Legislativo sostuvo que el Congreso acompaña al gobierno de Nasry Asfura y que la voluntad política debe contribuir a generar un ambiente de seguridad y convivencia para la población hondureña.
Su llamado se centró en que las reformas aprobadas se traduzcan en acciones efectivas por parte de las instituciones responsables de combatir la criminalidad.
Régimen especial para privados de libertad de alta peligrosidad
Uno de los principales componentes de la reforma es el establecimiento de condiciones especiales de permanencia para las personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad y agresividad, así como para quienes hayan sido identificadas como integrantes de asociaciones terroristas, maras y pandillas, conforme a los criterios establecidos en la normativa.
Las modificaciones incluyen disposiciones a la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad, así como a la Ley del Sistema Penitenciario.
El régimen especial contempla medidas como:
- Aislamiento individual en celdas de máxima seguridad, sin posibilidad de convivencia colectiva.
- Restricción de la libertad ambulatoria.
- Prohibición de acceso a computadoras, medios electrónicos, televisores y radios no autorizados.
- Limitaciones en el régimen de visitas.
- Una hora semanal para acceso al sol y al patio.
- Prohibición de poseer dinero en efectivo.
Control de llamadas telefónicas, con una duración de hasta 10 minutos.
- Prohibición de participar en actividades colectivas o de convivencia.
- Restricciones relacionadas con los traslados para audiencias, de acuerdo con las disposiciones contempladas.
Las medidas están dirigidas a reforzar el control penitenciario sobre los reos comprendidos en las categorías de alta peligrosidad y agresividad, dentro del marco legal aplicable.
Cárceles de máxima seguridad y exclusión de centros abiertos
Las reformas a los artículos 27, 28 y 29 de la Ley del Sistema Penitenciario establecen disposiciones relacionadas con el régimen de seguridad máxima para personas privadas de libertad de alta peligrosidad y agresividad, así como para quienes sean identificadas como integrantes de asociaciones terroristas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), o de maras y pandillas.
El decreto también contempla la organización de centros penitenciarios abiertos para personas sujetas a regímenes de seguridad mínima y la posibilidad de establecer anexos penitenciarios.
En el caso de los centros de carácter agroindustrial, la normativa permite desarrollar actividades de instrucción y explotación agropecuaria, cuyo funcionamiento deberá regularse mediante los reglamentos correspondientes.
Sin embargo, las personas privadas de libertad clasificadas como de alta peligrosidad y agresividad quedan excluidas de los centros penitenciarios abiertos, preventivos y agroindustriales, conforme a las disposiciones aprobadas.
Policía Nacional y PMOP deberán coordinar acciones
El Congreso Nacional también aprobó reformas a los artículos 3, 4 y 24 de la Ley de Policía Nacional, con el propósito de fortalecer las acciones para combatir y desarticular las asociaciones terroristas declaradas por el CNDS, así como las maras y pandillas en sus distintas denominaciones.
La Policía Militar del Orden Público (PMOP) deberá coordinar sus labores con la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INP), incluyendo los procesos relacionados con la calificación de las personas privadas de libertad de alta peligrosidad.
Asimismo, la normativa contempla medidas excepcionales y temporales para resguardar la seguridad y la identidad de jueces y personal auxiliar que participen en el juzgamiento de integrantes de asociaciones terroristas.
Estas disposiciones buscan reforzar la protección del personal involucrado en procesos judiciales vinculados con organizaciones criminales.
Prohibiciones y restricciones para motociclistas
Como parte de las medidas incorporadas al decreto, se establecen restricciones temporales para la circulación de motocicletas durante un período de 12 meses.
Entre las disposiciones señaladas se incluye la prohibición de que dos hombres circulen a bordo de una motocicleta, así como restricciones relacionadas con la portación de armas de fuego y objetos cortantes. El decreto contempla el decomiso del vehículo y de la licencia, además de multas en casos de reincidencia, de acuerdo con las condiciones establecidas.
También se prohíbe a los motociclistas utilizar pasamontañas o capuchas que oculten el rostro, circular con placas adulteradas y modificar los escapes para aumentar el nivel del ruido.
La normativa contempla, además, restricciones temporales de circulación en horarios y zonas específicas.
La aplicación de estas medidas deberá desarrollarse conforme a las disposiciones del decreto y la reglamentación correspondiente.
Ejecutivo tendrá 30 días para reglamentar la ley
El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 30 días, después de la publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta, para efectuar las reformas reglamentarias necesarias en el Sistema Penitenciario, la Policía Nacional, la PMOP y la Secretaría de Seguridad.
La reglamentación será un paso necesario para establecer los procedimientos de aplicación de las medidas aprobadas y la coordinación entre las instituciones involucradas.
Ministro de Seguridad: «Los tiempos difíciles requieren voluntades firmes»
Durante su intervención ante el Congreso Nacional, el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez Aguilera, defendió la necesidad de adoptar decisiones contundentes frente al avance de las estructuras criminales.
«Hoy estamos a prueba como sociedad, las estructuras criminales han llegado a un nivel de retar al Estado de manera abierta, por lo que es tiempo de tomar decisiones contundentes», manifestó el funcionario.
Velásquez Aguilera agradeció la voluntad política para declarar asociaciones terroristas a las maras y pandillas del país y señaló que la aprobación de la normativa representa un paso importante, aunque consideró que aún se requieren más medidas.
«Esto es un gran paso, pero faltan más medidas, todos deben hacer lo correcto por Honduras», expresó.
El ministro sostuvo que la violencia en Honduras demanda acciones inmediatas y exhortó a las instituciones a actuar sin postergar las decisiones necesarias.
«Estamos a tiempo de contener la ofensiva de las estructuras», enfatizó.
Autoridades llaman a unir esfuerzos contra el crimen organizado
El director de la Agencia Nacional contra el Crimen, Julio Alberto Ruíz Cerrato, destacó la necesidad de que las instituciones del Estado trabajen de manera coordinada para limitar las actividades de las organizaciones criminales.
Ruíz Cerrato afirmó que existe un compromiso institucional para acompañar las iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Por su parte, el director del sistema penitenciario, Walter Iván Amador, advirtió sobre la capacidad de evolución de los grupos criminales organizados y señaló que las instituciones deben mantener estrategias para responder a sus nuevas formas de operación.
El funcionario sostuvo que la responsabilidad de enfrentar este fenómeno corresponde a todas las instituciones del Estado y que la voluntad política debe orientarse a responder a las demandas de la población.
Diputados plantean medidas adicionales
Durante el debate legislativo, la diputada liberal Saraí Espinal solicitó que el Presupuesto General de la República para 2027 contemple una bonificación para los miembros de la Policía Nacional y la PMOP, especialmente para quienes participen en la aplicación de la nueva legislación.
Mientras tanto, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, sostuvo que la decisión de enfrentar a las maras y pandillas ya había sido planteada durante la administración de Xiomara Castro, mediante la implementación del estado de excepción.
Sarmiento defendió esa medida y afirmó que generó una respuesta contundente en la lucha contra la extorsión, el sicariato y el control territorial.
Durante su intervención, recordó que la tasa de homicidios pasó, según sus declaraciones, de 38 en 2023 a 23.2 en 2025.
Sarmiento pidió que la ley incluya mayores garantías para su aplicación: que el aislamiento de personas esté sujeto a control judicial, que las zonas especiales no se conviertan en medidas permanentes y que el sistema penitenciario tenga la capacidad real para cumplir lo que establezca el decreto.
También advirtió que las restricciones a las motocicletas deben ser excepcionales para no perjudicar a quienes las utilizan como medio de transporte para trabajar.
El diputado consideró insuficiente el espacio que el dictamen dedica a la prevención y pidió fortalecer el alumbrado público y la educación para evitar que niñas, niños y jóvenes sean reclutados por las estructuras criminales.
Asimismo, cuestionó que la bancada recibiera el dictamen final poco antes de su discusión en el pleno y reclamó más tiempo y transparencia para debatir proyectos que afectan directamente a la población.
“La seguridad no es un patrimonio de un partido, la seguridad es responsabilidad de todos y de todas”, afirmó.
Una nueva etapa en la estrategia de seguridad
Con la aprobación unánime de las reformas, el Congreso Nacional amplía el marco de medidas dirigidas a combatir las estructuras criminales y fortalecer el control penitenciario.
La nueva normativa incorpora disposiciones sobre el régimen especial de permanencia para reos de alta peligrosidad, la coordinación entre las instituciones de seguridad y medidas temporales relacionadas con la circulación de motocicletas.
Ahora, el reto para las autoridades será llevar las reformas a la práctica, garantizar su aplicación conforme a la ley y demostrar resultados concretos frente a la extorsión, la violencia y las actividades de las organizaciones criminales.
La aprobación legislativa marca un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad del Estado, cuya efectividad dependerá de la coordinación institucional, los recursos disponibles y la ejecución de las medidas establecidas.
