TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
A pesar que la cúpula del Partido Nacional ha concedido todas las peticiones a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, esta sigue mostrando inconformidad con sus correligionarios.
Pero fue su reclamo personal el que más llamó la atención: “Nadie de mi partido me ha llamado para preguntarme si tengo qué comer y si estoy bien”, manifestó, dejando ver un nivel de descontento que trasciende lo institucional y entra en lo personal.
López aseguró que, pese a lo que describe como “todo su sacrificio” dentro del ente electoral, no ha recibido respaldo ni protección institucional.
En su denuncia, fue más allá al advertir que la vulneración de derechos y el desamparo no son hechos aislados, sino prácticas que —según su visión— se han mantenido de un gobierno a otro.
“Cuando la vulneración de derechos, la desprotección institucional y la falta de justicia y desamparo pasan de un gobierno a otro constituyen una política de Estado, al tiempo que se queja de no haber gozado de ningún amparo”, dijo.
Sin embargo, su discurso también ha sido cuestionado, ya que mientras denuncia abandono, críticos señalan que ha contado con respaldo político y condiciones que otros funcionarios no tienen, lo que pone en entredicho la narrativa de desprotección total que intenta posicionar.
La consejera advirtió además sobre supuestas amenazas persistentes, afirmando que la integridad de quienes conforman el organismo electoral está en riesgo.
“Para que nosotros podamos seguir contribuyendo, principalmente necesitamos estar vivas”, expresó.
También compartió una reflexión familiar que, según dijo, refleja el costo humano de su cargo: “Para la gente sos la consejera, pero para mí sos mi mamá”, citó palabras de su hija.
Finalmente, López señaló que la ciudadanía exige resultados al Consejo Nacional Electoral, pero —a su juicio— muchas veces desconoce el contexto de presión e inseguridad en el que operan sus autoridades.
Aun así, en medio de una crisis de credibilidad institucional, sus declaraciones abren otro debate: ¿se trata de una denuncia legítima o de un discurso que busca victimizar su gestión?
