• La concesionaria advierte que el Gobierno le adeuda más de 12 millones de dólares y que el ajuste será retroactivo tras vencer el acuerdo que mantenía congeladas las tarifas desde 2020.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La concesionaria COVI Honduras confirmó la noche de este lunes que no existe ningún acuerdo vigente para congelar las tarifas de peaje y que, conforme al contrato de concesión, el incremento programado entrará en vigor a partir del próximo 15 de enero de 2026.
La empresa explicó que el convenio que permitió mantener las tarifas del año 2020 vence el 14 de enero, por lo que a partir del día siguiente deberá aplicarse la tarifa real correspondiente a 2026.
Este ajuste será además retroactivo, ya que durante los últimos cinco años el Estado hondureño asumió, mediante subsidios, parte del costo real del peaje.
COVI Honduras detalló que el Gobierno no ha cumplido con el pago de esos subsidios, tanto de 2024 como de 2025, y que la deuda acumulada asciende a más de 12 millones de dólares, cifra que fue confirmada el fin de semana por el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda.
Según la concesionaria, la falta de pago ha generado un desbalance financiero en el contrato, lo que hace inevitable la aplicación del ajuste que debió entrar en vigor de manera progresiva en años anteriores.
“El aumento está amparado en el contrato y ya está programado. No se trata de una decisión discrecional”, reiteró la empresa, al tiempo que señaló que ha mantenido disposición al diálogo con el Gobierno para buscar soluciones que beneficien tanto a los usuarios como a las partes involucradas.
COVI también informó que se ha acordado una reunión de trabajo con el sector transporte, con el objetivo de explicar el alcance del ajuste y procurar el cumplimiento de la ley y del contrato de concesión vigente.
Las nuevas tarifas que entrarán en vigor desde el 15 de enero serán las siguientes:
El anuncio se da en un contexto de fuerte tensión política y económica, a pocos días del cambio de gobierno, y anticipa un impacto directo en los costos de transporte, logística y precios al consumidor si no se alcanza un acuerdo entre el Estado y la concesionaria.
