• El comisionado en condición de retiro, Leandro Osorio, califica como “inédito” que la escala básica amenace con brazos caídos por incumplimientos salariales y urge acciones inmediatas del Gobierno ante el impacto en la seguridad ciudadana.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La amenaza de un paro nacional de labores por parte de miembros de la escala básica de la Policía Nacional, anunciada para este lunes 29 de diciembre, encendió las alarmas sobre una crisis de seguridad pública en Honduras, advirtió el comisionado en condición de retiro Leandro Osorio.
Osorio señaló que la medida —motivada por el incumplimiento en el pago de sueldos y beneficios laborales— constituye un hecho sin precedentes en la historia reciente del país y representa un riesgo directo para la seguridad de la población.
“Estamos ante una situación de crisis de seguridad pública… este problema también lo tienen las Fuerzas Armadas”, expresó.
El excomisionado subrayó que resulta inédito que agentes policiales anuncien un escenario de brazos caídos por falta de pago.
A su juicio, la eventual paralización de funciones básicas afectaría la prevención del delito, la respuesta a emergencias y la presencia policial en calles y barrios, justo en un periodo de alta demanda operativa.
Osorio hizo un llamado urgente a la presidenta Xiomara Castro para que adopte acciones inmediatas, considerando que el año está por concluir sin que se haya cumplido con las obligaciones salariales hacia los uniformados.
“Está a punto de terminar el año y no se les ha pagado a los policías”, recalcó.
Asimismo, cuestionó las prioridades presupuestarias del Estado al contrastar la falta de recursos para salarios con la disponibilidad de fondos destinados a recompensas.
“¿Cómo es posible que haya dinero para información para capturar al exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, y no para pagar el sueldo a los policías?”, planteó.
La advertencia se suma a la creciente preocupación por el impacto institucional de un paro policial, en un contexto donde la seguridad pública depende de la operatividad continua de la fuerza.
De concretarse la medida, analistas prevén afectaciones directas a la gobernabilidad y al control territorial, por lo que instan a una solución inmediata que garantice el pago y restablezca la normalidad en los servicios de seguridad.
