Friday, Aug 23, 2019
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Crisis política

(Por Edmundo Orellana) La crisis política que observamos en los países vecinos (Guatemala y Nicaragua) comparten un elemento común con la nuestra, el presidencialismo.

Cuando nos independizamos optamos por la República presidencialista siguiendo el modelo estadounidense, que nos era más próximo. Algunos aseguran que en el nuevo régimen (el republicano) se adecuó la figura del rey en la del presidente, porque es incuestionable que, pese a que la Constitución declara que los poderes del Estado son “complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”, el presidente es, de derecho y de hecho, el funcionario con más autoridad e importancia en la República, al extremo que hacia el exterior el rostro del país es el del presidente, igual que en las monarquías lo es el del rey o la reina, por su condición de jefe de Estado, que lo acredita como representante del Estado ante la comunidad internacional.

Es el titular del Poder Ejecutivo y, además, jefe de la administración pública, cualidad que lo eleva a la condición de autoridad suprema de las secretarías de Estado y, por conductos legales laberínticos, de las instituciones descentralizadas, incluidas las municipalidades, pese a que la Constitución declara que, en el ejercicio de sus funciones privativas, son “independientes de los poderes del Estado”, sobre las que ejerce un control adicional manipulando las transferencias que, por ley, les debe autorizar anualmente, en contraste, los titulares de los demás poderes del Estado son órganos colegiados (Congreso Nacional y Corte Suprema), cuyos directivos (presidente del Congreso y de la Corte Suprema) ejercen su competencia dentro de esos órganos únicamente.

El presidente maneja el presupuesto de la República, por medio de la Secretaría de Finanzas y, también, por medio de SIAFI, autorizando los desembolsos en las secretarías de Estado, en las instituciones descentralizadas y hasta en otros poderes del Estado y órganos extra- poderes, que han aceptado someterse a SIAFI, perdiendo, con ello, su autonomía administrativa, y si aún no están incluidas en este control las municipalidades es porque estas se han resistido a la pretensión presidencial de controlarlas por esa vía también.

Cerrando el círculo, bajo su dependencia funciona la Oficina Nacional para el Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), de la cual dependen realmente las auditorías internas responsables de ejercer el control preventivo sobre las decisiones presupuestarias de esos órganos e instituciones. En suma, el presidente decide a quién asignarle dinero y, por medio de esas auditorías internas, decide sobre su uso.

El colmo fue cuando el presidente decidió llevarse el Fondo Social Departamental para obligar a los diputados, incluidos los de la oposición, a ir a Casa Presidencial a solicitar, humillados, subsidios para sus comunidades. Desde su olimpo los observaba, generalmente, con desprecio.

El presidente es el único que puede vetar leyes y, además, vía la declaración discrecional del estado de sitio, suspender las vigentes. Es el único que puede usar, en el momento que lo considere pertinente, la fuerza militar y policial, en su condición de autoridad suprema de estas fuerzas. También, por una reforma inconstitucional, puede emitir leyes nuevas o derogar las que están en vigor, creando o suprimiendo dependencias en la administración pública (secretarías de Estado, etc.).

De este somero repaso sobre algunos de los privilegios legales que posee el presidente, se comprende que concentra un excesivo poder al que es necesario establecer límites para evitar que se ejerza arbitrariamente. ¿Pero, bastará con fijarle límites?

En estos países, como en Estados Unidos, las constituciones y las leyes fijan límites al ejercicio de las funciones presidenciales. Sin embargo, observamos que en Estados Unidos, pese a las arremetidas del orate de Trump contra el Estado de Derecho, le ha sido imposible ir más allá de sus intenciones. Eso se debe a que en ese país existen instituciones fuertes dirigidas por autoridades independientes, fieles a la República, que actúan apegadas a la ley y al servicio del pueblo que les paga su salario.

La debilidad de las instituciones en nuestros países facilita el autoritarismo en el régimen presidencial. Mientras en Guatemala las instituciones todavía resisten las arremetidas del payaso que ocupa la presidencia, en Nicaragua el sistema colapsó, pero el pueblo decidió ejercer su derecho a la insurrección y está en las calles exigiendo la salida del dictador. Y en Honduras, ¿qué está ocurriendo?

¿Qué opina usted distinguido lector?

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