• Por mayoría de votos, el pleno de magistrados dejó sin valor y efecto el Memorándum 02-2026 que instruía reconocer la identidad de género autopercibida y el nombre social en procesos judiciales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó sin valor ni efecto el Memorándum 02-2026, una disposición que establecía nuevos lineamientos para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida y el uso del nombre social en los procesos judiciales del país.
La decisión fue tomada este miércoles durante una sesión del pleno de magistrados, donde la mayoría de los integrantes votó a favor de derogar el documento, superando los ocho votos necesarios para respaldar la medida.
Con esta resolución, queda sin vigencia la instrucción dirigida a jueces y juezas con competencia en materia penal para que reconocieran la identidad de género y las condiciones de vulnerabilidad de las personas que intervienen en los procesos judiciales.
El memorándum había generado un intenso debate en distintos sectores de la sociedad hondureña desde su emisión.
Iglesias evangélicas, la Conferencia Episcopal y representantes de organizaciones civiles manifestaron públicamente su rechazo, argumentando que la medida contravenía principios y valores fundamentales basados en sus creencias religiosas.
Las manifestaciones de oposición se intensificaron durante las últimas horas, cuando líderes religiosos y diversos sectores sociales solicitaron a la Corte reconsiderar el contenido del documento.
Entre las voces que se pronunciaron también destacó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien exhortó al Poder Judicial a revisar la disposición.
Tras la votación del pleno, el Memorándum 02-2026 queda oficialmente derogado, por lo que las actuaciones judiciales continuarán desarrollándose bajo los lineamientos y procedimientos que se encontraban vigentes antes de la emisión de dicho instrumento administrativo.
La decisión marca un nuevo capítulo en el debate nacional sobre identidad de género, derechos humanos y el alcance de las disposiciones administrativas dentro del sistema de justicia hondureño, un tema que continúa generando posiciones encontradas entre distintos sectores del país.
