• La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, nombró a tres funcionarios como enlaces institucionales para apoyar la investigación del Tribunal Superior de Cuentas sobre embargos a la Cuenta Única del Estado.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, designó un equipo de funcionarios judiciales para facilitar la información solicitada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que realiza una investigación relacionada con la ejecución de demandas laborales y embargos judiciales contra el Estado.
La decisión fue comunicada mediante un oficio dirigido al magistrado presidente del TSC, Ricardo Alfredo Montes Nájera, en el que se confirma la disposición del Poder Judicial de brindar todas las facilidades necesarias para el desarrollo de la auditoría.
La investigación del ente contralor se centra en la ejecución de embargos judiciales contra la Cuenta Única del Estado depositada en el Banco Central de Honduras (BCH), específicamente en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
Equipo designado
De acuerdo con el documento oficial, el equipo encargado de servir como enlace institucional está conformado por la directora administrativa del Poder Judicial, Jessica Roxana Castillo Mayorquín.
También integran el grupo la jefa de Auditoría Interna del Poder Judicial, Zoila María Rivera Banegas, y la jueza coordinadora del Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, Alba Isabel Cervantes Ramírez.
Según la comunicación enviada por la titular de la CSJ, este equipo será responsable de canalizar la información requerida por los auditores del TSC y proporcionar las herramientas necesarias para que la comisión auditora realice su labor con la debida diligencia.
Auditores llegan a la CSJ
La designación se produce luego de que este martes una comisión de auditores del Tribunal Superior de Cuentas se presentara en la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia para requerir documentación relacionada con demandas laborales y embargos ejecutados contra el Estado.
La revisión forma parte de una investigación especial orientada a analizar la forma en que se han ejecutado estos procesos judiciales y su impacto en las finanzas públicas, particularmente en los recursos depositados en la Cuenta Única del Estado.
En el oficio, la presidenta del Poder Judicial reiteró que la institución brindará el apoyo institucional necesario para garantizar el buen desarrollo de las funciones del órgano contralor en el marco de esta investigación.
