• El pronunciamiento de la Corte Suprema se suma al proceso legislativo para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal con medidas orientadas a combatir el crimen organizado.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió este martes al Congreso Nacional su opinión sobre la propuesta de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, en el marco del proceso para discutir nuevas medidas dirigidas a fortalecer la lucha contra las estructuras criminales en Honduras.
La remisión fue abordada durante una reunión del pleno de magistrados de la CSJ, que conoció varios asuntos, entre ellos el pronunciamiento sobre las modificaciones legales propuestas, que ahora forman parte de los temas que deberá analizar el Poder Legislativo.
Entre los cambios planteados figura la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en circunstancias específicas vinculadas con la delincuencia. La iniciativa también contempla ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales después de una captura.
Asimismo, las reformas proponen eliminar la libertad condicional y los mecanismos de preliberación para personas condenadas por delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico o pertenencia a grupos criminales.
Otro de los puntos contempla medidas contra personas presuntamente vinculadas con estructuras como la MS-13 y la Pandilla 18, así como organizaciones declaradas terroristas, incluyendo su captura, procesamiento y traslado a módulos de máxima seguridad.
La propuesta también hace referencia a los tatuajes alusivos a estas estructuras como un elemento para identificar a posibles integrantes.
Sin embargo, su aplicación deberá considerar los criterios legales y las pruebas que permitan establecer una vinculación criminal, respetando las garantías del debido proceso.
Con la opinión de la CSJ remitida, el Congreso Nacional se prepara para discutir las reformas, cuyo alcance dependerá del análisis legislativo y del contenido definitivo que eventualmente sea aprobado.
La iniciativa busca fortalecer las herramientas legales para combatir el crimen organizado, mediante cambios en los procedimientos de investigación, persecución penal y cumplimiento de las condenas.
