• Drogas, municiones, un silenciador y uniformes policiales fueron decomisados en una casa de seguridad en San Pedro Sula, reavivando los cuestionamientos sobre la infiltración criminal en las fuerzas de seguridad.
SAN PEDRO SULA, CORTÉS. —
La desaparición de una unidad policial y la creación de otra estructura especializada no parecen haber disipado los cuestionamientos sobre la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad. Un operativo del Ministerio Público en San Pedro Sula puso nuevamente el tema bajo la lupa, tras el decomiso de drogas, municiones, un silenciador e indumentaria policial en una casa de seguridad vinculada a la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).
El hallazgo resulta especialmente delicado porque la nueva división surgió tras la disolución de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), una institución que quedó en el centro de la controversia luego de un grave incidente ocurrido en Corinto, Omoa, Cortés, donde cinco agentes policiales murieron durante un operativo el 21 de mayo de 2026.
De la tragedia de Corinto a una nueva estructura policial
Tras la muerte de los cinco agentes, las autoridades ordenaron intervenir la DIPAMPCO para revisar sus procedimientos, mecanismos de supervisión, cadena de mando y posibles responsabilidades. Posteriormente, el Gobierno decidió suprimir la dirección, en medio de cuestionamientos sobre su funcionamiento y la necesidad de reformar la estrategia de combate al crimen organizado.
En ese contexto nació la DAET, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con funciones relacionadas con la lucha contra la extorsión, las asociaciones terroristas, el crimen organizado, el lavado de activos y los delitos que afectan al transporte urbano. La reestructuración buscaba fortalecer los controles y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.
Sin embargo, el reciente hallazgo vuelve a plantear interrogantes sobre los resultados de esa transformación y la capacidad de las autoridades para impedir que estructuras criminales operen desde espacios vinculados a los cuerpos encargados de combatirlas.
Drogas, municiones y vestimenta policial
El allanamiento fue ejecutado en el sector de Villas del Merendón, en San Pedro Sula, mediante un operativo coordinado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el Noveno Batallón de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y fiscales de Comayagua.
Según el Ministerio Público, el inmueble funcionaba como casa de seguridad de la DAET. Durante el registro, los equipos investigadores decomisaron 167 envoltorios con supuesta cocaína, 162 con presunto crack y 132 con aparente marihuana, además de una bolsa grande y un paquete compacto rectangular con la misma hierba.
Las autoridades también aseguraron 181 municiones sin percutir, cuatro proveedores de fusil, dos de pistola y un silenciador. A esto se sumaron varios juegos de fatigas militares, botas, pantalones y gorras.
Uno de los elementos que más llama la atención es el hallazgo de insignias, gorras y múltiples parches de las desaparecidas DIPAMPCO, Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) y Fuerza Nacional Anti Extorsión (FNA).
La presencia de estas prendas y distintivos plantea nuevas preguntas sobre su procedencia, quiénes los tenían bajo su poder y para qué eran utilizados. También obliga a investigar si existe alguna relación entre las evidencias encontradas y miembros activos o retirados de las instituciones de seguridad.
¿Cambio de nombre o transformación real?
El decomiso vuelve a colocar bajo escrutinio los controles internos de la estructura policial que sustituyó a la DIPAMPCO. La creación de una nueva división tenía entre sus objetivos fortalecer la supervisión, evaluar al personal y evitar que agentes vinculados a actividades irregulares continuaran dentro de las unidades especializadas.
Ahora, el caso exige esclarecer quiénes utilizaban la vivienda, cómo llegaron hasta allí las drogas y las municiones, y cuál era el propósito de mantener uniformes e insignias policiales en el inmueble.
La pregunta de fondo es si la reestructuración policial logró cortar los posibles vínculos con el crimen organizado o si las mismas vulnerabilidades continúan dentro de las nuevas estructuras.
Las investigaciones deberán determinar las responsabilidades individuales y establecer si existen agentes involucrados. En la información divulgada sobre el operativo, el Ministerio Público no detalló si hubo personas capturadas.
Mientras tanto, el hallazgo reabre un debate que comenzó con la tragedia de Corinto: cambiar estructuras y nombres no basta si no se garantiza una depuración efectiva, controles rigurosos y rendición de cuentas dentro de las instituciones encargadas de proteger a la población.
