TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El anunciado decreto por parte del procurador general de la República, Dagoberto Aspra, que prohíbe la contratación de funcionarios públicos que tienen demandas contra el Estado, no se aplica con el actual director ejecutivo de Aduanas, Marco Tulio Abadie Aguilar.
Según el expediente 0801-2022-03224, queda evidenciado que el director de Aduanas mantiene una demanda laboral contra el Estado de Honduras, específicamente contra la misma institución que hoy dirige, situación que no le impidió asumir la titularidad de la misma.
La interrogante es si el decreto promovido por el procurador solo se aplicará a funcionarios de segunda o tercera categoría, dejando en evidencia que la ley no se ejecuta de manera uniforme.
Esto plantea cuestionamientos sobre posibles privilegios, donde la cercanía o afinidad podría pesar más que el cumplimiento estricto de la normativa, incluso en escenarios que reflejan un potencial conflicto de intereses.
Al titular de Aduanas se le notificó por parte del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán que el proceso de su demanda laboral continuaba el 19 de marzo de 2026 a las 10:30 de la mañana.
Esta situación ha generado incomodidad entre hondureños que enfrentan restricciones para acceder a un empleo en el sector público por mantener condiciones similares, sin recibir el mismo trato que el funcionario de Aduanas.
El caso expone una brecha entre el discurso oficial y la práctica institucional, reavivando el debate sobre la equidad en la aplicación de la ley.
Más allá de una situación particular, deja abierta la discusión sobre si las normas se aplican con el mismo rigor para todos o si, en determinados niveles del poder, terminan siendo interpretadas con criterios distintos.
