- El Ministerio Público sostiene que Víctor Hugo Romero Chinchilla habría ordenado la muerte de un hombre como represalia por el secuestro de su hijo en 2014, un crimen que conmocionó a Copán y cuyo desenlace sigue siendo un misterio.
COPÁN, HONDURAS. –
Más de una década después del secuestro de su hijo, un caso que conmocionó a la zona occidental de Honduras y mantuvo en vilo a su familia durante meses, el exdiputado Víctor Hugo Romero Chinchilla fue capturado este viernes señalado de haber ordenado un asesinato como presunta venganza por aquel hecho.
La detención fue ejecutada por agentes de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), como parte de una operación dirigida contra una supuesta estructura vinculada al asesinato de Mario Josué Chacón Fuentes y al asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Miguel Ángel Villeda.
Junto al excongresista fueron detenidas otras tres personas, quienes, según las investigaciones del Ministerio Público, habrían participado como autores materiales del crimen, mientras que Romero Chinchilla es señalado como el supuesto autor intelectual.
La hipótesis que maneja el ente acusador apunta a un móvil que tiene sus raíces en uno de los episodios más dolorosos de la vida del exdiputado: el secuestro y desaparición de su hijo, ocurrido en mayo de 2014.
“Al parecer el móvil de esta muerte estaría vinculado a que al exdiputado le secuestraron hace algún tiempo un hijo, y esto habría provocado que el exdiputado haya sido parte de la autoría intelectual de esta muerte”, declaró el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Un secuestro que marcó a toda una familia
El 13 de mayo de 2014, Víctor Hugo Romero Espinoza, hijo del entonces diputado y estudiante de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), fue secuestrado en una hacienda ubicada en San Pedro, Copán.
De acuerdo con los relatos brindados en aquel momento por sus familiares, el joven se encontraba junto a dos trabajadores cuando varios hombres armados llegaron al lugar, sometieron a los jornaleros y se lo llevaron por la fuerza con rumbo desconocido.
Horas después comenzaron las llamadas de los secuestradores.
Los captores exigieron importantes sumas de dinero a cambio de respetar la vida del joven. La familia accedió a negociar y realizó una primera entrega de dinero, pero los delincuentes continuaron exigiendo más recursos económicos y mantuvieron cautivo al estudiante.
Durante varios meses, los secuestradores enviaron fotografías y videos para demostrar que seguía con vida, mientras la familia intentaba reunir el dinero exigido para lograr su liberación.
Cinco meses después se concretó un segundo pago millonario en dólares. Sin embargo, tras recibir el dinero, los secuestradores desaparecieron y nunca más volvieron a establecer contacto.
A partir de ese momento comenzó una angustiosa espera que se ha prolongado por más de una década.
“Pagamos dos rescates y luego perdimos comunicación con los secuestradores, pero mi corazón guarda la esperanza de que esté con vida en algún lugar”, expresó años atrás Luz Dariela Espinoza, madre del joven y entonces vicealcaldesa de Cucuyagua.
Pese a los esfuerzos realizados por la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional, el paradero de Víctor Hugo Romero Espinoza nunca fue establecido. Una de las hipótesis manejadas por los investigadores apuntaba a que pudo haber sido trasladado hacia la frontera con Guatemala.
De la búsqueda de justicia a una acusación por represalia
Ahora, doce años después de aquel secuestro, el caso vuelve a ocupar la atención pública bajo una nueva y polémica línea investigativa.
Las autoridades sostienen que el asesinato por el que fue capturado el exdiputado podría estar relacionado con una represalia derivada de los acontecimientos ocurridos en 2014.
No obstante, hasta el momento el Ministerio Público no ha detallado públicamente cuál sería la relación específica entre las víctimas del caso actual y el secuestro del hijo del excongresista.
Esa falta de información ha generado interrogantes sobre el alcance de la investigación y sobre los elementos de prueba que vincularían a los detenidos con ambos hechos.
Lo que sí ha dejado claro el Ministerio Público es que considera que existen suficientes indicios para proceder judicialmente contra los cuatro capturados y presentar el caso ante los tribunales.
Un caso que apenas comienza
La captura de Romero Chinchilla coloca nuevamente bajo los reflectores uno de los secuestros más impactantes registrados en la historia reciente de Copán, un caso que nunca fue esclarecido y que dejó una profunda huella en una familia que durante años buscó respuestas sin obtenerlas.
Ahora será la justicia la encargada de determinar si la hipótesis de una venganza es respaldada por las pruebas que presenten los fiscales o si la defensa logra desvirtuar los señalamientos.
Mientras tanto, el caso abre un nuevo capítulo en una historia marcada por el dolor, la incertidumbre y una desaparición que, más de una década después, continúa sin resolverse.
