- Exfiscal Edmundo Orellana cuestiona el enfoque del Congreso en el nombramiento de autoridades, mientras la presidenta de la Corte Suprema alerta sobre posibles riesgos a la autonomía judicial.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, se pronunció a través de su cuenta en la red social X en medio del debate nacional que ha generado la iniciativa de ley discutida en el Congreso Nacional relacionada con las facultades administrativas del Poder Judicial.
Orellana sostuvo que la discusión pública se ha concentrado principalmente en quién tendrá la potestad de nombrar autoridades judiciales, dejando de lado aspectos que, a su criterio, son fundamentales para el fortalecimiento institucional.
Entre ellos mencionó los requisitos, criterios de evaluación y estándares necesarios para determinar la idoneidad de jueces y magistrados, tanto antes de su nombramiento como durante el ejercicio de sus funciones.
“El debate enfocado únicamente en quién nombra a las autoridades ignora la preservación efectiva de la seguridad jurídica”, expresó el exfuncionario, insistiendo en que la calidad y evaluación del desempeño judicial deben ser parte central de cualquier reforma.
Las declaraciones surgen en el contexto de la discusión legislativa sobre una iniciativa presentada por el diputado liberal Francis Cabrera, la cual fue aprobada en primer debate la semana pasada.
La propuesta plantea una medida transitoria para trasladar funciones administrativas del Poder Judicial mientras se aprueba la Ley del Consejo de la Judicatura, organismo que asumiría dichas responsabilidades.
Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, advirtió que la iniciativa podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial, al considerar que la transferencia de funciones administrativas debilitaría la autonomía institucional de la Corte.
El tema continúa generando posiciones encontradas entre actores del sistema judicial, sectores políticos y analistas, quienes advierten que las decisiones que se adopten en el Congreso podrían tener implicaciones directas en el equilibrio de poderes y en el funcionamiento del sistema de justicia del país.
