Defensa de Juan Orlando Hernández busca sacar el caso Pandora II de los juzgados anticorrupción

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  • Los apoderados del expresidente presentaron un recurso de reposición para que el proceso regrese a la Corte Suprema de Justicia, mientras la audiencia de declaración de imputado sigue prevista para este lunes 3 de agosto.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. –

La estrategia legal del expresidente Juan Orlando Hernández dio un nuevo giro este viernes, luego de que su equipo de defensa presentara un recurso de reposición con el objetivo de impedir que el caso Pandora II sea conocido por los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.

La información fue confirmada por el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, quien explicó que la defensa pretende que el expediente continúe siendo tramitado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no en la jurisdicción especializada, como quedó establecido tras la decisión del juez natural asignado.

El recurso fue interpuesto horas después de que el juez natural resolviera declinar el conocimiento del proceso, argumentando que en el expediente ya no figura ningún alto funcionario del Estado que justifique mantener el caso bajo esa competencia.

Según Silva, el siguiente paso corresponde al juez de Letras designado, quien deberá ratificar la declinatoria y remitir formalmente el expediente a los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, salvo que el recurso presentado por la defensa modifique ese procedimiento.

Con esta acción, los abogados del exmandatario buscan revertir el cambio de jurisdicción y mantener el proceso dentro de la Corte Suprema de Justicia.

El caso cobra especial relevancia debido a que Juan Orlando Hernández deberá comparecer este lunes 3 de agosto a la audiencia de declaración de imputado, donde el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión de los delitos de fraude y lavado de activos en el denominado caso Pandora II.

La resolución sobre el recurso presentado por la defensa será determinante para establecer qué órgano judicial continuará conociendo el expediente, en un proceso que vuelve a colocar al expresidente en el centro de la atención pública y judicial.

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