- Una adolescente de 17 años señala a un psicólogo de la institución y afirma que quedó embarazada. SENAF asegura que activó protocolos, mientras el Ministerio Público niega haberle cerrado el acceso a la justicia.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
Una denuncia por supuesto abuso sexual contra un psicólogo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de protección dentro de la institución encargada de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes en Honduras.
La denunciante, identificada como “Alexa” para proteger su identidad, relató que llegó a la Senaf después de permanecer en situación de calle y que fue atendida por un profesional de psicología. Según su testimonio, los hechos habrían ocurrido el 28 de julio, cuando recibió un jugo tras manifestar que tenía hambre.
La joven afirmó que, después de ingerir la bebida, perdió el conocimiento y que, al despertar, se encontró desnuda. Al cuestionar al psicólogo sobre lo ocurrido, aseguró que este negó los señalamientos.
Relato de la joven y respuesta institucional
Tras salir de las instalaciones, “Alexa” aseguró que acudió al Hospital Escuela, donde, según su relato, le informaron que tenía aproximadamente siete semanas de embarazo. La joven manifestó que comunicó lo sucedido a personal de la Senaf, pero que no recibió la atención que esperaba.
También afirmó haber escuchado testimonios de otras menores sobre supuestas agresiones dentro de la institución. Estas declaraciones forman parte de su denuncia y deben ser verificadas por las autoridades, sin que hasta el momento se haya establecido públicamente responsabilidad penal por esos señalamientos.
La directora de la Senaf, Ada María Mejía Signorelli, aseguró que se activaron los protocolos correspondientes y que la prioridad es garantizar la protección integral de la joven.
Indicó que se trabaja para brindarle acompañamiento médico, psicológico y legal, así como para localizar a sus padres en Comayagua.
La funcionaria fue enfática en señalar que la institución no encubrirá a ningún funcionario, independientemente de su cargo, y que se puso a disposición del Ministerio Público y de los operadores de justicia.
También precisó que en la sede capitalina solamente existe un psicólogo hombre y que ya se realizan investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido.
Ministerio Público niega haber bloqueado el acceso a la justicia
El Ministerio Público (MP) también se pronunció sobre el caso y rechazó categóricamente que se le haya negado a la joven el acceso a la justicia.
Según un comunicado divulgado este viernes, el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) realizó tres intervenciones con profesionales de distintas áreas, bajo la dirección técnica de un fiscal.
El ente acusador sostuvo que en esas ocasiones no fue posible completar las evaluaciones médicas y psicológicas, debido, según su versión, a la negativa y falta de colaboración de la denunciante.
El MP agregó que la joven abandonó los lugares donde fue atendida y no dejó datos de contacto para facilitar su localización.
Asimismo, informó que en febrero de 2026 se presentó una denuncia ante el MAIE, la cual fue remitida a la Fiscalía de Protección a la Mujer por tratarse, según el comunicado, de una persona mayor de 18 años.
La Fiscalía habría ordenado evaluaciones físicas y psicológicas, para las que se asignó una cita en Medicina Forense el 7 de mayo, a la que, de acuerdo con el MP, tampoco acudió.
La Fiscalía de Protección a la Mujer afirmó que continuará impulsando la investigación y solicitó la colaboración de la denunciante para esclarecer los hechos y determinar si existen indicios de responsabilidad penal.
Magistrada exige esclarecer los hechos
En medio de la controversia, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rubenia Galeano, pidió que se investigue el caso y cuestionó que instituciones creadas para proteger a la niñez sean señaladas por presuntamente vulnerar sus derechos.
La magistrada consideró indispensable garantizar condiciones de seguridad para los menores bajo custodia estatal y que, si se determina responsabilidad de algún empleado, este sea puesto a disposición de la justicia.
Un caso que exige respuestas
La denuncia coloca nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de atención, supervisión y protección en las instituciones que reciben a menores en situación de vulnerabilidad.
El caso también plantea la necesidad de que las autoridades esclarezcan, con diligencia y transparencia, tanto el señalamiento contra el funcionario como las actuaciones realizadas por las instituciones que tuvieron contacto con la joven.
Hasta el momento, los hechos denunciados permanecen bajo investigación y no existe una resolución judicial que establezca responsabilidad penal contra el psicólogo señalado.
La prioridad debe ser garantizar la protección integral de la adolescente, evitar su revictimización y asegurar que cualquier investigación se desarrolle con respeto al debido proceso.
