• La directora de ASOPODEHU asegura que fue intimidada por la titular de la Secretaría de Derechos Humanos tras reunión oficial; advierte amenazas contra la libertad de expresión.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Cuando quienes deben proteger derechos se convierten en fuente de amenazas, la democracia retrocede.
La defensora de derechos humanos Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), denunció públicamente haber sido víctima de hostigamiento por parte de la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Leda García Pagán, tras sostener una reunión para abordar la situación de esa institución y el funcionamiento del Mecanismo de Protección.
Según explicó Meza, el encuentro tenía como propósito discutir el estado de los derechos humanos en el país, así como dar seguimiento a una solicitud presentada desde el pasado 13 de abril para que el Consejo Nacional de Protección escuche a su organización.
Sin embargo, la reunión —según su versión— tomó un giro inesperado que derivó en un episodio de tensión que, a su juicio, vulnera los principios que debería defender la dependencia estatal.
«La ministra empezó a hostigarme y a mostrarse muy agresiva por publicaciones que he realizado en el periódico Pasos de Animal Grande», afirmó Meza, al señalar que incluso fue amenazada con una querella en su contra y contra el medio de comunicación vinculado a sus publicaciones.
Una reacción que, según la defensora, contrasta con el mandato institucional de promover y resguardar las garantías fundamentales de la ciudadanía.
Meza calificó el hecho como “grave”, al considerar que se trata de un intento de intimidación que vulnera la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en Honduras.
«Lo peor que nos puede ocurrir es una ministra repitiendo patrones tóxicos de administraciones anteriores», expresó, en una reflexión que interpela al gobierno sobre la coherencia entre su discurso y sus prácticas.
En ese contexto, la activista hizo un llamado directo al presidente Nasry Asfura para que intervenga y supervise el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos “con ojo clínico”, recordando que el mandatario ha manifestado públicamente que no se perseguirá a periodistas durante su gestión.
«Eso es lo que está haciendo su ministra de Derechos Humanos, y es gravísimo para la libertad de expresión», concluyó.
Hasta el momento, la Secretaría de Derechos Humanos no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones vertidas por Meza.
Tampoco se ha confirmado si existe una querella formal o si la reunión derivó en acciones administrativas contra la defensora o el medio Pasos de Animal Grande.
Para observadores de la situación de derechos humanos en Honduras, la denuncia representa un recordatorio de que la protección a la libertad de expresión requiere vigilancia constante.
Para la ciudadanía, la expectativa es que cualquier conflicto entre funcionarios y activistas se resuelva mediante el diálogo y el respeto a las garantías fundamentales, no mediante amenazas o represalias.
Mientras se espera una respuesta institucional y se aclaran los hechos ocurridos, el mensaje que queda en el aire es contundente: la libertad de expresión no es negociable, y quienes ocupan cargos públicos tienen la responsabilidad de protegerla, no de intimidar a quienes la ejercen.
Porque, más allá de las acusaciones y las versiones, lo que está en juego es que Honduras siga siendo un país donde periodistas y defensores puedan trabajar sin miedo, y donde el Estado demuestre con hechos —y no solo con discursos— que la protección de los derechos humanos es una prioridad real.
