- Organizaciones de derechos humanos aseguran que el caso estaría siendo objeto de presiones desde altas esferas y exigen una investigación inmediata para garantizar la independencia judicial.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Las organizaciones Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) denunciaron este viernes presuntas amenazas e injerencias en el proceso judicial que enfrenta el general en condición de retiro Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y solicitaron una investigación urgente para esclarecer los hechos.
Mediante un comunicado conjunto, ambas organizaciones alertaron a la comunidad nacional e internacional sobre lo que consideran una posible interferencia en la administración de justicia, luego de que la audiencia de declaración de imputado fuera reprogramada sin que hasta el momento se haya fijado una nueva fecha.
Según el pronunciamiento, la suspensión del acto judicial habría ocurrido como consecuencia de presuntas presiones ejercidas desde altas esferas del Poder Judicial.
En ese contexto, señalaron que existen denuncias que apuntan a una supuesta intervención de integrantes de la Corte Suprema de Justicia para favorecer la modificación del curso del proceso.
Asimismo, indicaron que recibieron testimonios bajo reserva de identidad en los que se asegura que el juez encargado del caso habría sido objeto de amenazas de muerte y advertencias de despido si no accedía a cambiar el desarrollo del expediente.
Las organizaciones también afirmaron que, de acuerdo con la información recibida, se habría intentado presionar para convocar de forma urgente una audiencia en otro proceso relacionado con la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en el que participa un abogado vinculado al expediente del exjefe militar.
Ante estos señalamientos, ASOPODEHU y JOPRODEH advirtieron que, de confirmarse las denuncias, se estaría frente a una grave afectación de la independencia judicial y a un posible uso indebido de las instituciones para favorecer la impunidad, en contravención de los principios del Estado de derecho.
Por ello, exhortaron al Ministerio Público a investigar de manera inmediata, objetiva e imparcial las denuncias sobre las supuestas amenazas contra el juez y los posibles actos de obstrucción de la justicia.
De igual forma, pidieron a la Corte Suprema de Justicia garantizar la independencia del operador de justicia, proteger su seguridad, asegurar la transparencia del proceso y esclarecer cualquier indicio de injerencia dentro del sistema judicial.
Las organizaciones también hicieron un llamado a la comunidad internacional, a las misiones diplomáticas y a los organismos defensores de derechos humanos para que den seguimiento al caso, al considerar que tiene implicaciones directas para la institucionalidad democrática y la lucha contra la impunidad en Honduras.
Además, solicitaron al Mecanismo Nacional de Protección evaluar medidas urgentes para resguardar la integridad del juez y de las personas denunciantes, preservando la confidencialidad de sus identidades.
El requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández fue presentado el pasado 29 de julio ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, en un proceso que ha captado la atención pública por sus implicaciones en materia de institucionalidad y justicia.
Finalmente, ASOPODEHU y JOPRODEH sostuvieron que la credibilidad del sistema judicial dependerá de que el caso se desarrolle con independencia, transparencia y estricto apego a la ley. En su comunicado concluyeron que “el retraso deliberado de la justicia equivale a su negación”, al tiempo que exigieron tribunales “independientes, valientes y comprometidos con la verdad, no con la impunidad”.
