El progreso en desarrollo humano en América Latina y el Caribe registra un estancamiento y está en riesgo de sufrir retrocesos en medio de múltiples crisis, especialmente con índices que señalan que una de cada cuatro personas vive en pobreza y más del 30 % de la población se clasifica como vulnerable, alertó este martes el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Ese es uno de los principales hallazgos del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025 para América Latina y el Caribe titulado «Bajo presión: recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe», presentado este martes, en Ecuador.
«Una nueva era de incertidumbre, crisis superpuestas y rápidas transformaciones se entrelaza con vulnerabilidades estructurales y desafíos de gobernanza profundamente arraigados, poniendo en riesgo los avances en desarrollo que tanto han costado alcanzar», dijo la directora del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett.
Sin embargo, Muschett cree que la región todavía está a tiempo de convertir la «presión» en un «catalizador para redefinir la trayectoria del desarrollo», algo que «solo será posible poniendo la resiliencia al centro de la agenda de desarrollo».
Progreso estancado
El informe señala que, tras décadas de progreso sostenido, los avances en materia de desarrollo humano en América Latina y el Caribe comenzaron a perder impulso, especialmente a partir de mediados de la década de 2010.
«Inclusive antes de los profundos impactos de la pandemia, donde vimos algunos retrocesos en términos de desarrollo humano, ya veníamos desde antes avanzando a un ritmo mucho más lento del que habíamos visto en décadas anteriores», explicó Almudena Fernández, economista jefe del PNUD para América Latina y el Caribe.
Añadió que incluso después del incremento en la pobreza que se registró durante la pandemia, y que luego se redujo, el avance actual «es muy lento».
El informe señala que la región «no ha logrado consolidar una clase media estable», ya que el 31 % de la población se clasifica como vulnerable. Es decir, que se encuentra justo por encima del umbral de la pobreza.
Este panorama es preocupante para el PNUD ya que la región se enfrenta a nuevas «policrisis» y amenazas derivadas de las tecnologías en rápida evolución, la profundización de la fragmentación social y un clima cada vez más cambiante.
«Todo esto se combina con problemas estructurales que ya conocemos, como la alta desigualdad, la baja productividad e instituciones que tienden a ser débiles», afirmó Fernández.
En medio de esto se ha disparado el nivel de incertidumbre en la región con respecto a los registros mundiales. A principios de 2025, la incertidumbre alcanzó niveles especialmente pronunciados al situarse casi un 50 % por encima de la media mundial y superar en más del doble el nivel registrado en la propia región en 1990, se señala en el informe.
Polarización, avance tecnológico y cambio climático
El documento profundiza en las nuevas amenazas que enfrenta la región. El PNUD señala que, si bien las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial «tienen un potencial inmenso» para ayudar a enfrentar los problemas estructurales, la forma en la que se utilizan «replica los patrones de desigualdad ya existentes».
Esto hace que la región pierda una oportunidad de crecimiento y competitividad frente a cómo se están usando en otras partes del mundo.
A esto se suma que América Latina y el Caribe «es la región donde la polarización creció más rápidamente en las últimas décadas», señaló Fernández, lo que provoca que aumente la desconfianza en las instituciones y que no haya una «gobernanza efectiva».
Lo que «también abre espacio para una expansión del crimen organizado y a aumentos en flujos migratorios», detalló la especialista del PNUD.
Añadió que, si bien los ciudadanos están «cada vez más preocupados por el cambio climático» debido al crecimiento de la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos, aún siguen priorizando al crecimiento económico por encima del medio ambiente.
Frente a estos escenarios, el PNUD plantea «poner a la resiliencia como un principio fundamental y un objetivo explícito de los instrumentos de política pública, de las instituciones que regulan esa política y de la infraestructura de la región».
Es decir, que se avance hacia sistemas de protección social más universales, que las instituciones estén en territorio y coordinadas entre ellas, y que se construyan «infraestructuras más resilientes».
Con información de EFE
