- El exprocurador asegura que la demanda era contra agentes estatales en funciones y acusa a su sucesor de posible conflicto de intereses en un caso de alto perfil.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El exprocurador general de la República Manuel Díaz Galeas se pronunció en respuesta a las declaraciones de su sucesor, Dagoberto Aspra, quien reveló la firma, el pasado 26 de enero, de un contrato con un bufete estadounidense por 310 mil dólares, pagados de forma anticipada con recursos de la Procuraduría General de la República.
Aspra afirmó que la demanda atendida por ese despacho no estaba dirigida contra el Estado de Honduras, sino contra funcionarios a título personal, entre ellos el propio Díaz Galeas, el fiscal general y otros exintegrantes del gabinete del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro.
En su defensa, Díaz Galeas sostuvo que la acción judicial sí involucraba a agentes estatales hondureños que actuaron en ejercicio de sus cargos y en defensa de los intereses de la República, por lo que —argumentó— la contratación se realizó conforme a derecho público, derecho internacional y legislación estadounidense.
El origen del litigio
El exfuncionario explicó que el caso corresponde al ciudadano estadounidense Paul Murray Farmer DRC, quien habría intentado reclamar 3 mil millones de lempiras al Tesoro hondureño.
Según Díaz Galeas, esos recursos fueron protegidos gracias a la estrategia jurídica ejecutada por la PGR durante su gestión.
Agregó que el expediente aún mantiene procesos penales en curso en tribunales hondureños, y señaló que algunos de los imputados estarían siendo defendidos actualmente por Aspra, lo que —a su juicio— configura un conflicto de intereses, dado que la PGR participa como acusadora junto al Ministerio Público.
“¿Defenderá al Estado de Honduras o maniobrará desde la PGR a favor de sus clientes?”, cuestionó Díaz Galeas, al poner en duda el rol que asumirá su sucesor en adelante.
Debate abierto
El pronunciamiento del exprocurador abre un nuevo capítulo en la controversia sobre el uso de fondos públicos para la contratación de abogados en litigios internacionales, la línea entre defensa institucional y responsabilidades personales, y la administración de justicia en casos de alto impacto.
Mientras Aspra sostiene que hubo abuso y posible sobrevaloración en los honorarios, Díaz Galeas insiste en que la contratación fue legal y necesaria para salvaguardar recursos del Estado.
El pulso institucional anticipa un debate que podría escalar a instancias nacionales e internacionales conforme avancen las verificaciones.
