- Dagoberto Aspra denuncia que el exprocurador Manuel Díaz Galeas habría contratado un bufete estadounidense por $310 mil con dinero del Estado para enfrentar una demanda privada.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, reveló un grave caso de presunto uso indebido de fondos públicos que involucra al exprocurador Manuel Díaz Galeas, quien habría utilizado recursos del Estado para pagar su defensa personal frente a una demanda civil interpuesta en Estados Unidos.
De acuerdo con Aspra, el 26 de enero, cuando Díaz Galeas aún ejercía como titular de la Procuraduría General de la República, se firmó un contrato con un bufete estadounidense por 310 mil dólares, monto que fue pagado de forma anticipada con fondos públicos.
El objetivo del contrato era que el despacho legal presentara una moción para desestimar una demanda civil promovida por un ciudadano estadounidense o, alternativamente, solicitar el traslado del proceso judicial a la ciudad de Washington.
Sin embargo, el actual procurador aclaró que la demanda no estaba dirigida contra el Estado de Honduras, sino contra funcionarios a título personal, entre ellos el propio exprocurador, el fiscal general y otros exmiembros del gabinete del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro.
“Estamos ante un caso de total abuso. Sacaron dinero de las arcas del Estado para pagar abogados que defendieran una causa estrictamente personal”, denunció Aspra, al calificar el hecho como una utilización irregular de recursos públicos.
Impedimento del Ministerio Público
El funcionario explicó que la situación se agrava debido a que el Ministerio Público no puede conocer el caso, ya que el propio fiscal general figura como uno de los demandados y presuntamente también habría sido beneficiado con la defensa financiada por la PGR.
“Este Ministerio Público no va a actuar en ese caso. Tenemos que valorar a qué otra entidad presentar la denuncia para que se deduzcan responsabilidades”, advirtió Aspra, al señalar un posible conflicto de interés institucional.
Sospechas de sobrevaloración
El procurador general también alertó sobre indicios de sobrevaloración en los honorarios legales, al considerar que el monto de 310 mil dólares resulta desproporcionado para las gestiones realizadas.
“Preliminarmente se percibe que los valores están inflados. Estamos haciendo verificaciones en Estados Unidos para conocer cuánto cobran realmente los abogados por este tipo de acciones”, indicó.
Aspra no descartó solicitar el apoyo de agencias estadounidenses para rastrear la ruta del dinero y determinar si existen irregularidades adicionales en el manejo de los fondos.
“Estamos evaluando que una agencia de Estados Unidos se involucre para ayudarnos a seguir el flujo del dinero”, concluyó.
El caso ya es considerado uno de los señalamientos más graves de presunto uso indebido de recursos públicos relacionados con el pasado gobierno, y podría derivar en acciones legales nacionales e internacionales conforme avancen las investigaciones.
