• El MP los acusa de asociación para delinquir, malversación, estafa y otros delitos; audiencia preliminar será el 4 de noviembre
SAN PEDRO SULA, HONDURAS.
En las últimas horas, el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción de San Pedro Sula dictó medidas sustitutivas a la prisión a tres hombres acusados de participar en un esquema de corrupción relacionado con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Los procesados son Jaime Renán Banegas Zerón, Jorge Luis Martínez Grijalva y Rigoberto Portillo Mejía, quienes deberán cumplir con las medidas impuestas mientras avanza el proceso judicial.
Acusaciones del Ministerio Público
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los imputados enfrentan cargos por los delitos de asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, complicidad en malversación por uso, estafa, uso de información privilegiada, autor de malversación por uso, cómplice de estafa y concusión.
El Ministerio Público sostiene que los acusados se habrían valido de su acceso a información vinculada a bienes incautados para ofrecer supuestas oportunidades de inversión en el sector hotelero.
La operación denunciada
Según las investigaciones, una de las víctimas habría depositado más de un millón de lempiras en cuentas ligadas a Jaime Banegas Zerón y Jorge Martínez, con la promesa de participar en un negocio rentable.
Sin embargo, el dinero fue retirado en efectivo sin que existiera respaldo administrativo ni gestión alguna que justificara la inversión.
La Fiscalía señala que esta maniobra constituye un fraude sustentado en la confianza generada por la influencia y la posición de los implicados frente a los bienes incautados manejados por la OABI.
Lo que sigue en el proceso
La audiencia preliminar fue programada para el próximo 4 de noviembre a las 9:30 de la mañana, donde el juez evaluará las pruebas presentadas y definirá si el caso pasa a la siguiente etapa.
El caso ha generado atención pública por el papel estratégico de la OABI en la administración de bienes vinculados al crimen organizado y por la gravedad de los delitos imputados, que reflejan los riesgos de corrupción dentro de instituciones claves en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos en Honduras.
