Director policial promete mano firme contra el delito y prioriza intervención en los 30 municipios más violentos

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  • Rigoberto Oseguera Mass afirma que el respeto a los derechos humanos no implicará impunidad y anuncia refuerzo de inteligencia policial y denuncias anónimas contra el narcomenudeo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El director de la Policía Nacional de Honduras, Rigoberto Oseguera Mass, aseguró que su gestión estará enfocada en el “estricto cumplimiento de la ley”, mediante un enfoque territorial y una coordinación permanente con los operadores del sistema de justicia, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad en el país.

En declaraciones brindadas a medios de comunicación, el jefe policial subrayó que el respeto a los derechos humanos no debe interpretarse como tolerancia a la delincuencia.

“El respeto a los derechos humanos no significa impunidad; quien infrinja la ley va a sentir su peso, eso es innegociable”, afirmó.

Oseguera Mass explicó que la estrategia de seguridad contempla la focalización de recursos operativos y de inteligencia en los 30 municipios con mayor incidencia delictiva, donde se concentrarán patrullajes, operativos especiales y acciones coordinadas con fiscales y tribunales de justicia.

Asimismo, anunció el fortalecimiento de los equipos de inteligencia policial y de los mecanismos de denuncia ciudadana, incluyendo sistemas de reporte anónimo, con el fin de combatir el narcomenudeo y otras actividades ilícitas que afectan a comunidades del interior del país.

El funcionario indicó que también se potenciarán las herramientas tecnológicas y operativas de la institución para mejorar la capacidad de respuesta en las zonas con mayores niveles de criminalidad.

“Vamos a potenciar nuestras herramientas tecnológicas y operativas para dar respuesta donde más se necesita”, concluyó.

Las autoridades de seguridad han reiterado que el enfoque territorial y el trabajo coordinado con los operadores de justicia forman parte de la estrategia gubernamental orientada a reducir la incidencia delictiva y fortalecer la presencia del Estado en las zonas más afectadas por la violencia.