- Tras el caso de la docente capturada en Yoro, la Secretaría de Educación reiteró que aplicará las sanciones correspondientes y llamó a resolver los conflictos por la vía institucional.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Secretaría de Educación emitió este viernes un comunicado oficial en el que condenó cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, luego del caso registrado en un centro educativo de Morazán, Yoro, donde una docente fue captada agrediendo física y verbalmente a una alumna.
En el documento, la institución fue enfática al señalar que bajo ninguna circunstancia la indisciplina estudiantil justifica el uso de la violencia, el castigo físico o cualquier acción que atente contra la integridad física, emocional o psicológica de un menor de edad.
Asimismo, reafirmó su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia, así como con la promoción de una educación basada en el respeto, la dignidad humana y la garantía de los derechos de toda la comunidad educativa.
La Secretaría también manifestó su rechazo absoluto a cualquier práctica que constituya abuso, maltrato físico, psicológico o cualquier otra forma de violencia contra estudiantes, independientemente de las circunstancias en que ocurra.
En ese sentido, recordó que está obligada a aplicar las sanciones disciplinarias establecidas en el Estatuto del Docente Hondureño cuando se determine la responsabilidad de un educador.
No obstante, el comunicado también señala que, cuando un estudiante incurra en conductas de irrespeto o indisciplina hacia un docente, el ordenamiento jurídico y la normativa educativa contemplan mecanismos administrativos, disciplinarios y legales para que el maestro ejerza las acciones que correspondan, garantizando en todo momento el debido proceso.
Finalmente, la Secretaría de Educación hizo un llamado a fortalecer una cultura de respeto mutuo, diálogo y convivencia pacífica dentro de los centros educativos, privilegiando la resolución de los conflictos a través de los canales institucionales y reiterando que la protección de la niñez constituye una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la sociedad.
