- El subsecretario de Estado Christopher Landau dijo que Washington comparte la preocupación de la OEA y exigió a las autoridades hondureñas, incluidas las electorales y militares, respetar “escrupulosamente” la Constitución en los comicios del 30 de noviembre.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A menos de tres semanas de las elecciones generales, Estados Unidos elevó su tono de advertencia hacia Honduras, al señalar que responderá con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático del próximo 30 de noviembre.
El mensaje fue pronunciado este miércoles por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien aseguró que Washington comparte la preocupación expresada por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el clima político y las tensiones institucionales que marcan la recta final del proceso electoral hondureño.
“Nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras”, expresó Landau.
El funcionario añadió que tanto el presidente Donald Trump, como el secretario Marco Rubio y él mismo, están “profundamente preocupados por el hemisferio occidental” y que responderán con determinación ante cualquier intento de vulnerar la integridad del proceso democrático en Honduras.
Clima de tensión y denuncias cruzadas
Las declaraciones de Landau representan la primera reacción oficial del Gobierno estadounidense en torno al proceso electoral hondureño, marcado por denuncias de presunto fraude, discursos de odio y acusaciones mutuas entre el oficialismo y la oposición.
A la par, consejeros y magistrados de los entes electorales han denunciado amenazas e intimidaciones, en un contexto que ha despertado la alarma de la comunidad internacional.
En las últimas dos semanas, cinco comunicados de advertencia han sido emitidos por misiones de observación electoral y organismos internacionales, entre ellos la OEA, la Unión Europea, Transparencia Internacional y un consorcio de organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, todos coincidiendo en la urgencia de garantizar elecciones limpias, justas y transparentes.
Fiscalía y Fuerzas Armadas, en el centro de la polémica
La advertencia de Washington llega poco después de que el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, presentara un requerimiento fiscal contra dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras que una consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue acusada por el Ministerio Público del delito de conspiración contra el proceso electoral.
Estos hechos han generado preocupación dentro y fuera del país, por considerar que la judicialización de actores electorales podría incidir en la credibilidad y autonomía de las instituciones encargadas del proceso.
En paralelo, una situación inédita ha sumado tensión al escenario político: el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, solicitó al CNE copias de las actas presidenciales para conocer quién ganó las elecciones, lo que provocó un fuerte rechazo por parte de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien le recordó que las Fuerzas Armadas no tienen competencia en la declaración de resultados y que el único órgano rector del proceso es el CNE.
Más de seis millones de hondureños llamados a las urnas
El 30 de noviembre, más de seis millones de hondureños estarán habilitados para votar y definir el futuro político del país. Elegirán un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.
Sin embargo, el ambiente previo a las elecciones se encuentra marcado por la desconfianza, la polarización y el deterioro institucional, lo que ha motivado una vigilancia más estrecha de parte de los organismos internacionales y gobiernos aliados.
La advertencia de Estados Unidos refuerza así el creciente cerco diplomático en torno a la transparencia electoral en Honduras, donde la comunidad internacional insiste en que el respeto a la ley y la independencia de las instituciones serán claves para garantizar la legitimidad de los resultados.
