• La fiscal general Pam Bondi recordó que desde 2020 pesan cuatro cargos federales contra el mandatario venezolano, mientras Washington asegura que ambos “enfrentarán la justicia” en tribunales estadounidenses.
WASHINGTON, EEUU. —
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó este sábado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores enfrentan una acusación formal en tribunales federales estadounidenses por cuatro cargos, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo, según declaraciones difundidas por la propia fiscal en redes sociales.
Bondi recordó que la imputación data de 2020 y detalló que incluye los delitos de conspiración de narco-terrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer armamento y artefactos destructivos con fines contra Estados Unidos.
La funcionaria aseguró que el mandatario venezolano “pronto enfrentará el peso de la justicia en suelo estadounidense, en los tribunales estadounidenses”.
De acuerdo con la versión oficial citada por la fiscal, Washington habría ejecutado una operación especial en la que fueron capturados Maduro y Flores en territorio venezolano.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han confirmado públicamente esos señalamientos ni se han difundido detalles verificables sobre el operativo, por lo que la información se presenta según lo afirmado por el Departamento de Justicia.
La acusación se inscribe en una estrategia judicial de largo aliento de Estados Unidos contra altos funcionarios del gobierno venezolano, a quienes ha vinculado con redes internacionales de narcotráfico y con la utilización de grupos armados para facilitar el trasiego de drogas hacia Norteamérica.
En el pasado, estas imputaciones han tensado las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, y han generado reacciones de rechazo desde Caracas.
Analistas advierten que, de confirmarse judicialmente los hechos descritos por la fiscal general, el caso podría reconfigurar el tablero político regional y abrir un proceso penal de alto impacto en cortes federales estadounidenses.
No obstante, subrayan que cualquier avance dependerá de verificaciones oficiales y de la comparecencia efectiva de los imputados ante la justicia de EE. UU.
Por ahora, el Departamento de Justicia sostiene su postura y reitera que los cargos siguen vigentes, mientras la comunidad internacional permanece a la expectativa de confirmaciones independientes y de las respuestas formales del gobierno venezolano.
