TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Con el desplazamiento de al menos 2,500 efectivos policiales, elementos militares, helicópteros, patrullas y camiones, se desarrolla la «Operación Refundación» en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara en el occidente de Honduras.
La operación se realizó luego de semanas de planificación para establecer estrategias apegadas a la declaratoria de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional declarado por la Presidenta de la República, Iris Xiomara Castro; esta declaratoria incluye el Plan Solución Contra el Crimen (SCC), para recuperar la gobernanza de los centros penitenciarios.
En la operación participan efectivos de las distintas direcciones de la Policía Nacional entre ellas, Fuerzas Especiales. También se cuenta con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, ya que el mismo Decreto de Emergencia instruye brindar apoyo al Instituto Nacional Penitenciario.
Derechos Humanos
Las autoridades de la Comisión Interventora del INP, aseguraron que la Operación se hará cumpliendo con el estricto cumplimiento al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Primeras acciones a ejecutar en los presidios, anunciadas por Seguridad
- Desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes en el 100 por ciento de las instalaciones físicas.
- Bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales de las comunicaciones internas y externas.
- Remoción y depuración del personal penitenciario y de los policías en todas las cárceles, iniciando con una evaluación profesional y exhaustiva inmediata los directores de los recintos penitenciarios, iniciando con Támara, La Tolva, El Pozo, y El Porvenir.
- Instalación de emergencia y desarrollo tecnológico del sistema de monitoreo y vigilancia electrónica con control central las 24 horas del día.
- Traslado y reubicación de los privados de libertad de los propios centros penitenciarios con mayor concentración y considerando la gravedad de los crímenes, acusados, el estado del proceso localizados en El Pozo, La Tolva, Támara y Morocelí.
- Reclasificar y aislar a los privados de libertad con vinculación a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y de armas.
- Revisar expedientes administrativos de los presos con enfermedades terminales, en proceso de preliberación y otras condiciones. Evaluarán condiciones jurídicas para otorgar indultos a casos de menores y otros.
- Evaluar y practicar pruebas de confianza al recurso humano policial y civil que integran las cárceles.
- Aumentar número de agentes penitenciarios y policías, y les dotarán de equipo de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación y revisión de salarios.
- Crear un banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de su identidad, en base a ciencia
