TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Luego de llevarse a cabo la Audiencia Inicial sobre el caso Pandora II, el juez natural designado, Walter Miranda Sabio, reprogramó para el jueves 25 de enero, a las 8 de la mañana la audiencia de resolución para dar a conocer las medidas que interpondrá a las acusadas en este caso.
Entre los acusados del caso Pandora II están el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, el extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez. También está acusado el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit. Todos ellos están acusados por fraude.
Asimismo, en esta causa figuran los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina. Así como también el director de presupuestos de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona, y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit. A este segundo grupo lo acusan de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Por los momentos, los encausados se defienden en libertad y gozan de medidas distintas a la detención judicial. Entre estas, la prohibición de salir del país, firmar dos veces al mes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y rendir caución por valor de seis millones de lempiras.
Cabe mencionar que en este caso se giraron dos órdenes de captura, por no haberse presentado a la audiencia, una es para Ortiz Hawit. Y la otra al expresidente Hernández, quien se encuentra preso en los Estados Unidos.
Defensa de los imputados
Los equipos de defensa de los imputados han solicitado un sobreseimiento porque consideran que los delitos por los cuales están siendo acusados no se cometieron realmente.
«Pedimos sobreseimiento definitivo porque el tema del fraude es ponerse de acuerdo con alguien. Y ese elemento importantísimo no se aprobó», expresó la abogada Doris Imelda Madrid.
«Un indicio no es el hecho de tener una presunción, el derecho penal no es de presunción, es de prueba. Así que vamos a conocer hasta este próximo 25 de enero la resolución del juez natural, a ver qué decide», agregó Madrid.
Desestiman la toma de testimonio de Fernando Suárez
El Poder Judicial anunció que ha desestimado la posibilidad de tomar las declaraciones de Fernando Suárez debido a la falta de diligencia oportuna por parte del Ministerio Público, ya que el hondureño se encuentra actualmente en El Salvador, un país que no lo ha extraditado debido a su condición de asilo en España.
La entidad acusadora del Estado solicitó una prórroga al juez natural asignado, con la esperanza de que las autoridades salvadoreñas autorizaran la comparecencia de Fernando Suárez a través de Zoom en un plazo de 15 o 30 días para la audiencia inicial, que de desarrolla actualmente, contra los acusados en el caso Pandora II. Sin embargo, esta solicitud fue denegada por el juez.
El caso
Tanto Lobo Sosa como Hernández Alvarado son acusados por la comisión del delito de fraude.
En tanto el exministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato; el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johnny Handal Hawit; los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina están acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Por la misma causa están señalados el director de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit.
El expediente señala que estos exfuncionarios conformaron de 2010 a 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por 288 millones 016 mil 175 lempiras.
Estos desembolsos se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa.
El expresidente Juan Orlando Hernández recibió el financiamiento para su campaña política de 62 millones de lempiras para el proceso electoral 2023.
Los fondos procedieron de los desembolsos de las instituciones públicas a las fundaciones, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
Mientras que Porfirio Lobo Sosa tuvo participación directa al autorizar el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenarlas, según las investigaciones del MP.
