- La directora del CNA sostiene que el retorno del expresidente desafía la independencia de la justicia hondureña y advierte que el país enfrenta un momento decisivo en la lucha contra la impunidad.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, publicó este lunes una nueva entrega de su columna “Disculpen mi Castellano”, titulada “El acusado no está solo”, en la que analiza el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández y plantea serios cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial hondureño.
En su escrito, Castellanos sostiene que el retorno del exmandatario, luego de haber recibido un indulto en Estados Unidos, coloca nuevamente a las instituciones del Estado, y en especial al Poder Judicial, frente a un examen que considera determinante para la credibilidad de la justicia en el país.
La titular del CNA afirma que la llegada de Hernández ocurre en un contexto de respaldo por parte de sectores políticos y simpatizantes, situación que, a su juicio, representa una prueba para que los operadores de justicia demuestren si son capaces de actuar con independencia y sin presiones de carácter político.
En la columna, Castellanos hace una crítica al funcionamiento histórico del sistema judicial hondureño, al señalar que durante años ha sido objeto de cuestionamientos por presunta politización, falta de independencia y captura institucional. Además, sostiene que durante la administración del denominado “johismo” la institucionalidad favoreció escenarios de impunidad.
La directora del CNA plantea que el Poder Judicial enfrenta ahora dos posibles caminos: permitir que las investigaciones y expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción permanezcan sin avances o impulsar los procesos pendientes con estricto apego a la ley y garantizando la independencia judicial.
“La respuesta solo la tiene el Poder Judicial que ahora enfrenta su realidad más cruda”, expresa Castellanos en uno de los pasajes centrales de su análisis.
Asimismo, argumenta que una decisión judicial adoptada fuera del territorio nacional no extingue automáticamente las responsabilidades que puedan existir en Honduras, por lo que considera indispensable que las instituciones competentes actúen con transparencia, objetividad y conforme al marco legal.
En otro de los apartados de su columna, Castellanos también cuestiona las manifestaciones de apoyo al exmandatario, al considerar que el respaldo político no debe confundirse con la resolución de los procesos judiciales que aún puedan estar pendientes en el país.
Finalmente, concluye que el regreso de Juan Orlando Hernández constituye un recordatorio de los desafíos que Honduras continúa enfrentando en materia de justicia, institucionalidad y combate a la corrupción. A su juicio, la forma en que actúe el Poder Judicial en este caso marcará un precedente sobre la capacidad del Estado para garantizar que la ley se aplique sin distinción y con independencia de cualquier influencia política.
