- El exjuez advierte que las reformas penales no deben convertirse en una excusa para realizar capturas indiscriminadas y exige investigaciones sólidas, justicia responsable y políticas de prevención de la violencia.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Las reformas penales impulsadas para combatir las estructuras criminales en Honduras podrían facilitar las detenciones, pero también representan riesgos si se aplican sin investigaciones previas y sin individualizar la responsabilidad de cada persona.
Así lo advirtió el abogado penalista y exjuez de la República, Félix Ávila, quien cuestionó que la respuesta del Estado frente a la criminalidad se concentre principalmente en la represión y el encarcelamiento.
«El Estado crea miserables y luego después quiere combatir a esos miserables con las mismas herramientas y violencia estatal», expresó el profesional del derecho, al señalar que las capturas indiscriminadas pueden terminar afectando a ciudadanos que no tienen ninguna vinculación con actividades delictivas.
Ávila sostuvo que corresponde al Ministerio Público desarrollar investigaciones que permitan establecer responsabilidades, mientras que los jueces deben actuar con independencia y criterio técnico al momento de resolver sobre las medidas cautelares, incluida la prisión preventiva.
Explicó que en las investigaciones relacionadas con la pertenencia a organizaciones criminales pueden existir distintos elementos de prueba, como la identificación con determinadas estructuras, tatuajes, señalamientos y otros indicios. Sin embargo, insistió en que estos deben ser valorados dentro de una investigación que sustente las acusaciones y las decisiones judiciales.
En ese sentido, cuestionó tanto la imposición injustificada de prisión preventiva como las resoluciones de sobreseimiento provisional o definitivo que carezcan de fundamento legal. A su criterio, los operadores de justicia deben asumir su responsabilidad y emitir resoluciones debidamente motivadas.
La prevención, una deuda pendiente
El exjuez también puso en entredicho la ausencia de políticas efectivas para prevenir la violencia en Honduras y señaló que la descomposición del tejido social, la exclusión y la falta de oportunidades contribuyen a que sectores vulnerables terminen vinculados con estructuras criminales.
«El problema aquí es que en Honduras no se está haciendo prevención», manifestó, al advertir que el combate a la delincuencia no puede limitarse a llenar las cárceles sin atender las condiciones sociales que alimentan la criminalidad.
Sobre la participación de menores de edad en actividades delictivas, consideró que enviar a prisión a jóvenes de 15 y 16 años no constituye necesariamente una solución, por lo que defendió la necesidad de fortalecer los programas de educación, prevención y generación de oportunidades.
Finalmente, Ávila reconoció que las nuevas disposiciones legales, junto con una actuación efectiva de los cuerpos de seguridad, decisiones judiciales fundamentadas y un sistema penitenciario capaz de impedir que los privados de libertad continúen dirigiendo operaciones criminales desde las cárceles, podrían contribuir a mejorar la seguridad.
No obstante, reiteró que Honduras necesita una estrategia integral que combine la aplicación de la ley con prevención social, porque combatir el delito únicamente mediante la represión no resuelve las causas que permiten que la criminalidad siga reproduciéndose.
