- Magistrados ordenan auditorías financieras y de cumplimiento tras denuncias de contratos “leoninos” que estarían afectando las finanzas del Poder Judicial
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó someter a auditoría las dos últimas administraciones del Poder Judicial, encabezadas por los expresidentes Rolando Argueta y Rebeca Ráquel Obando, en medio de señalamientos sobre contratos “leoninos” y posibles irregularidades financieras que estarían golpeando las finanzas de la institución.
La decisión fue confirmada por la magistrada Anny Belinda Ochoa, quien explicó que las investigaciones abarcarán tanto el manejo financiero como el cumplimiento legal de las decisiones administrativas tomadas desde 2018.
Según detalló, la medida surge debido a que ambos expresidentes ejercieron una administración absoluta dentro del Poder Judicial, concentrando la responsabilidad sobre todas las decisiones financieras y administrativas adoptadas durante sus periodos.
“En el debate de la propuesta los compañeros indicaron que la auditoría se debe de realizar de las dos últimas administraciones… para poder demostrar transparencia en la toma de decisiones en cuanto a estas administraciones desde 2018”, manifestó Ochoa.
La magistrada señaló que el contexto cobra especial relevancia luego de que el Congreso Nacional aprobara un decreto que traslada a los 15 magistrados de la CSJ la responsabilidad financiera y administrativa de todos los bienes y planes operativos del Poder Judicial.
Ante este nuevo escenario, el pleno busca contar con un respaldo legal y técnico sobre las decisiones heredadas, así como determinar si las administraciones anteriores actuaron conforme a la ley.
En ese sentido, la próxima semana se presentará formalmente ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la solicitud para ejecutar dos procesos de fiscalización: una auditoría financiera y una auditoría de cumplimiento.
La primera revisará el manejo de recursos y contrataciones, mientras que la segunda verificará si las acciones ejecutadas se ajustaron a la normativa vigente. Las investigaciones podrían revelar posibles anomalías administrativas, abusos de autoridad o decisiones que comprometieron las finanzas del Poder Judicial en el último septenio.
La decisión del pleno representa una de las acciones más contundentes adoptadas por la actual CSJ en materia de rendición de cuentas y transparencia institucional.
Mientras avanzan los preparativos para las auditorías, la expectativa se centra ahora en los hallazgos que puedan surgir de las investigaciones y en las posibles responsabilidades que podrían derivarse de los resultados.
