- La alcaldesa Katherine Guillén denuncia inconsistencias en los expedientes, incluyendo supuestos trabajadores que habrían sido contratados cuando eran menores de edad.
CHOLUTECA, HONDURAS. –
La alcaldesa de El Corpus, Katherine Guillén, confirmó este martes el embargo de las cuentas bancarias de la corporación municipal por un monto de 63 millones 178 mil 454.59 lempiras, medida derivada de una demanda laboral presentada por exempleados que reclaman prestaciones e indemnizaciones.
Según explicó la edil, la acción judicial responde a reclamaciones por despido directo, pago de salarios pendientes, reajustes al salario mínimo, décimo cuarto mes, aguinaldo e indemnizaciones por daños y perjuicios derivados del presunto incumplimiento de obligaciones laborales.
Guillén advirtió que el embargo impactará a miles de familias del municipio, ya que compromete recursos destinados a proyectos de educación, inversión pública y programas de apoyo a adultos mayores.
“Es una carga imposible de asumir; significa menos obras, ayuda social y oportunidades para la gente”, afirmó.
No obstante, la alcaldesa señaló que existen “irregularidades serias” dentro de la demanda laboral, entre ellas la presunta inclusión de personas que no habrían trabajado en la municipalidad y cálculos financieros que calificó como irreales.
Asimismo, reveló que en los expedientes aparecen demandantes menores de 21 años que figuran como empleados municipales desde 2014, lo que implicaría que habrían iniciado labores cuando tenían entre 8 y 9 años de edad, situación que —según indicó— genera dudas sobre la veracidad de los reclamos que sustentan el embargo millonario.
La funcionaria sostuvo que el proceso judicial se originó en administraciones anteriores y que ahora corresponde a la actual gestión enfrentar sus consecuencias.
Informó que el equipo legal de la alcaldía solicitó la nulidad del proceso para verificar si las actuaciones se desarrollaron conforme al debido proceso y si los montos reclamados corresponden a obligaciones legítimas.
Guillén también denunció que se detectaron despidos masivos cercanos a la fecha de su toma de posesión, otorgamientos de poder inmediatos, acuerdos conciliatorios con montos elevados y resoluciones de embargo emitidas en plazos reducidos, elementos que considera deben ser revisados por las autoridades competentes.
Además, señaló que la municipalidad enfrenta dificultades para documentar algunos hechos debido a la falta de archivos clave, producto de una transición administrativa que calificó como desordenada.
Ante la situación, la alcaldesa hizo un llamado a las instituciones del Estado y a organismos nacionales e internacionales para que brinden acompañamiento técnico y legal, con el fin de evitar que los programas sociales y la inversión municipal queden paralizados.
Finalmente, Guillén advirtió que el monto embargado equivale aproximadamente a tres años de transferencias municipales, lo que podría generar severas limitaciones financieras para la ejecución de obras y proyectos sociales mientras el caso continúa en proceso judicial.
