TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), Rebeca Santos, señaló que el embargo ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la cuenta única de la Secretaría de Finanzas tendrá un impacto negativo en las arcas, poniendo en precario los servicios que ofrece el Estado.
«En el marco de un presupuesto quiere decir, que si la planilla mensual, exceptuando el pago de los servicios educativos, es superior a los 3.000 millones de lempiras, ya ponemos en precario la planilla mensual de los distintos servicios básicos que brinda el Estado», manifestó la titular del BCH.
La funcionaria del BCH explicó que este es un tema delicado y que todas las acciones legales están en mano de la Procuraduría General de la República (¨PGR).
De acuerdo a la CSJ, la PGR nunca interpuso un recurso de apelación contra el fallo en contra, por lo tanto, aceptó la demanda de 2,600 millones de lempiras en contra del Estado.
Asimismo, indicó que la PGR pretendió corregir por la vía de la presentación de una acción de amparo en la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, sin haber agotado la diligenciada en el Juzgado de Letras de lo Civil.
La CSJ aclaró que la apelación un requisito legal para interponer posteriormente una acción de amparo.
Origen de la demanda
Luego el paso del huracán Mitch, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), financió parte de la reconstrucción nacional y mediante una licitación pública internacional adjudicó a la empresa norteamericana DRC INC., un contrato valorado en 19 millones de dólares para la ejecución de varias obras.
Dicha compañía subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), pero la justicia norteamericana intervino el contrato por no estar permitida la subcontratación y envió a Honduras a fiscales especiales, quienes ordenaron no pagar la última obra pendiente de realizar.
En 2007, la empresa DRC INC. sometió al Estado de Honduras a un proceso arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), por supuestos daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión del contrato.
La empresa DRC INC. presentó una demanda contra Honduras en un Tribunal del Distrito Federal en Washington, Estados Unidos, con fundamento en un laudo arbitral internacional que dictó el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
En octubre de 2014, la Corte Federal en Washington dictó sentencia declarando que Honduras «no tiene obligación de pagar la deuda de USAID y que el Estado hondureño tiene inmunidad soberana».
No obstante, en 2020, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras condenó al Estado a pagar a NAINSA, 351.1 millones de lempiras por los supuestos daños y perjuicios y 42 millones de lempiras por honorarios profesionales.
El Poder Judicial aplicó el embargo de la cuenta de la Tesorería General de la República por 2,600 millones de lempiras, pero no se aclaró si dentro de este monto se encuentran los 351.1 millones por daños y perjuicio a NAINSA y los otros 42 millones por honorarios.
