- Ministro advierte que los recursos no estaban contemplados en el presupuesto y que la situación amenaza inversiones en salud, educación y seguridad.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, reveló este viernes que en los últimos diez días el Estado hondureño ha recibido embargos por un monto superior a los 3,000 millones de lempiras, situación que impacta directamente el tesoro nacional y compromete la ejecución de proyectos estratégicos en sectores prioritarios.
El funcionario denunció además la existencia de una presunta red integrada por funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y defensores privados, señalados de facilitar procesos de embargo que, según indicó, afectan de manera directa las finanzas públicas.
De acuerdo con Hernández Hércules, la magnitud de las medidas judiciales en tan corto tiempo “enciende las alarmas” sobre el manejo de procesos que comprometen recursos del Estado.
Las declaraciones fueron brindadas tras una reunión interinstitucional en la que participaron la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando; magistrados de la Sala Laboral; el procurador general, Dagoberto Aspra; representantes del Banco Central de Honduras y autoridades de Finanzas, quienes analizaron el incremento de demandas y resoluciones judiciales que afectan las finanzas estatales.
Hernández Hércules explicó que los embargos corresponden principalmente a demandas laborales presentadas en juzgados de Tegucigalpa y en diversas municipalidades del país.
Señaló que estos recursos no estaban contemplados ni en el Presupuesto General de 2025 ni en el proyecto correspondiente a 2026, por lo que su ejecución implica una presión directa sobre las asignaciones destinadas a salud, educación y seguridad.
“Es importante que hagamos un esfuerzo interinstitucional, respetando a los diferentes poderes del Estado, pero siempre trabajando con la complementariedad que tiene cada uno de ellos”, expresó el funcionario, al tiempo que insistió en la necesidad de buscar mecanismos que permitan frenar lo que calificó como “medidas sistemáticas” que afectan las finanzas públicas.
En relación con la reformulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2026, el ministro indicó que el documento deberá ser aprobado primero en Consejo de Ministros antes de enviarse al Congreso Nacional. Adelantó que el nuevo presupuesto estará marcado por criterios de austeridad y responsabilidad fiscal, con una reducción del gasto corriente del Estado.
Entre las medidas contempladas figura la disminución del número de instituciones públicas, que pasará de 113 a 78, con el objetivo de generar ahorros que permitan atender compromisos de deuda, pasivos laborales y, al mismo tiempo, fortalecer la inversión en áreas estratégicas para el desarrollo del país.
