- Las centrales obreras retomarán este martes las negociaciones y advierten que no aceptarán el ajuste de L900 planteado por el Ejecutivo.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
Las centrales obreras y el Gobierno retomarán este martes la mesa de negociación salarial, en un nuevo intento por alcanzar un acuerdo que permita definir el incremento para más de 60,000 empleados del sector público hondureño.
El representante de los trabajadores, Josué Orellana, informó que la reunión está programada para las 3:00 de la tarde, cuando ambas partes volverán a sentarse para conocer si existe voluntad política de avanzar hacia un acuerdo.
Orellana manifestó que los trabajadores esperan una respuesta positiva a la última propuesta presentada, al considerar que el incremento debe responder al aumento del costo de vida y a la situación económica que enfrentan las familias hondureñas.
Trabajadores redujeron su propuesta
El dirigente explicó que inicialmente las centrales obreras solicitaron un incremento de 3,000 lempiras a partir de enero de 2026. Sin embargo, ante la petición del Gobierno de flexibilizar la propuesta, la comisión negociadora redujo la demanda a 1,400 lempiras a partir de julio de 2026, además de una revalorización de los quinquenios.
Actualmente, según Orellana, el Ejecutivo mantiene sobre la mesa una propuesta de 900 lempiras, cantidad que las centrales obreras no están dispuestas a aceptar.
“Eso no genera negociación, nosotros no lo vamos a aceptar”, afirmó el dirigente.
Orellana sostuvo que, si el Gobierno acepta los L1,400 con retroactividad desde julio, podría avanzarse en la elaboración y posterior firma del convenio salarial.
El representante de los trabajadores reiteró que no firmarán ningún acta de compromiso que contemple únicamente el ajuste de L900 y defendió que el incremento debe estar acorde con las necesidades de los empleados y el costo de la canasta básica.
Piden que negociación no se politice
En medio de las diferencias sobre el ajuste, Orellana hizo un llamado a evitar que la discusión salarial sea utilizada con fines políticos y pidió mantener la unidad entre los trabajadores.}
“La lucha salarial no parte de colores políticos, sino de un derecho laboral que tiene la clase trabajadora”, manifestó.
El dirigente también rechazó los señalamientos de sectores políticos que, según dijo, pretenden atribuirle una supuesta cercanía con el Gobierno para generar división entre los trabajadores o promover acciones en las calles.
Orellana aclaró que la negociación no depende exclusivamente de su posición, al explicar que la comisión negociadora está integrada por 15 miembros: 12 delegados de las centrales obreras y los tres secretarios generales.
Cada integrante representa un voto, por lo que cualquier decisión sobre la propuesta salarial debe ser adoptada de manera colectiva.
“Nosotros somos un voto de 15”, enfatizó.
Expectativa ante la reunión de este martes
Mientras las negociaciones continúan, Orellana recordó que el ajuste salarial correspondiente a los docentes ya fue acreditado y expresó su expectativa de que el resto de los empleados públicos también pueda recibir una respuesta favorable.
La reunión de este martes será clave para determinar si las partes logran acercar posiciones entre los L900 ofrecidos por el Gobierno y los L1,400 que mantienen como propuesta las centrales obreras, con la posibilidad de que el acuerdo incluya retroactividad desde julio de 2026.
El resultado de las conversaciones podría definir el rumbo de la negociación salarial para miles de trabajadores del sector público.
