• Sectores ya acreditaron a sus representantes; centrales obreras plantean aumentos preliminares de entre 5% y 7.5%, mientras el empresariado pide ajustes sostenibles para las empresas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Las centrales obreras y el sector privado ya se declaran listos para iniciar la negociación del salario mínimo correspondiente a 2026, luego de que ambas partes oficializaran en los últimos días a sus representantes ante la comisión tripartita y reiteraran su disposición al diálogo, a la espera de la convocatoria oficial del Gobierno.
El proceso, que por ley debe comenzar con convocatoria en noviembre para que el nuevo ajuste entre en vigencia el 1 de enero, registró retrasos debido al contexto político y electoral de finales de 2025.
No obstante, los actores involucrados coinciden en que aún existe margen para alcanzar un acuerdo que equilibre los intereses de trabajadores y empresas.
Propuesta de incremento salarial
Desde el sector obrero, el secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Benjamín Vásquez, confirmó que las organizaciones sindicales ya acreditaron a sus delegados y se encuentran listas para instalar la mesa de negociación.
“Nosotros estamos listos y ya nombramos a nuestros compañeros para que sean convocados y juramentados. El salario mínimo es un tema muy importante y estamos preparados para negociar un acuerdo justo”, expresó.
El dirigente recordó que la normativa establece que la convocatoria debe realizarse en noviembre, pero señaló que los acontecimientos recientes impidieron que la mesa se instalara en ese momento.
Asimismo, subrayó que el ajuste del salario mínimo beneficia especialmente a los trabajadores no sindicalizados, quienes dependen directamente de este mecanismo para mejorar su ingreso frente al aumento del costo de vida.
De manera preliminar, las centrales obreras manejan propuestas de incremento que oscilarían entre el 5% y el 7.5%, dependiendo del tamaño de la empresa, la cantidad de trabajadores, el comportamiento inflacionario, el costo de vida y los niveles de productividad.
Actualmente, el salario mínimo en Honduras varía según el rubro económico y el tamaño de la empresa, con montos que rondan entre los 12,000 y más de 17,000lempiras mensuales, dependiendo de la actividad productiva.
Sector privado pide sostenibilidad
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, confirmó que el sector privado ya designó a sus representantes propietarios, suplentes y asesores para integrar la comisión negociadora y se encuentra a la espera de la convocatoria oficial.
“La junta directiva ya nombró a los representantes del sector privado para ver el tema del salario mínimo. Estamos esperando el llamado del Gobierno para empezar a platicar”, indicó.
El dirigente empresarial señaló que la posición del empresariado es procurar un equilibrio que permita salarios dignos, pero que al mismo tiempo sean sostenibles para las empresas, especialmente en un entorno económico marcado por una inflación cercana al 4.98% el año anterior.
“Necesitamos colaboradores bien pagados, pero también empresas sólidas que no caigan en insolvencia por cargas que no puedan asumir”, afirmó, al tiempo que consideró necesario avanzar hacia un mecanismo más técnico y automático que permita definir los ajustes salariales mediante fórmulas objetivas.
Representantes definidos
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) designó como integrantes de su comisión negociadora a Fernando García, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI); Paola Díaz, directora ejecutiva de la CCIT; y Manuel Hernández, presidente de Fedecámaras.
Por su parte, las centrales obreras acreditaron a Felipe Ramírez, Humberto Lara, Erick Acosta y Josué Orellana como sus representantes en la mesa tripartita.
En este escenario, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social reiteró que su papel será facilitar el diálogo entre trabajadores y empresarios, buscando que el ajuste salarial tome en cuenta variables como la inflación, el costo de vida, la productividad y la realidad económica nacional, con el objetivo de alcanzar un consenso que permita aplicar el nuevo salario mínimo durante 2026.
