• A contrarreloj y en medio de cuestionamientos, el Ejecutivo oficializó una nueva intervención en las cárceles del país, que albergan a más de 21 mil privados de libertad
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En lo que muchos califican como sus últimos estertores, el gobierno hondureño juramentó la noche del lunes a la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario, una medida que se adopta a pocos días del cierre del actual ciclo gubernamental y en un contexto marcado por antecedentes de violencia y control militar en las cárceles.
Según información confirmada por fuentes de Casa de Gobierno, la comisión quedó integrada por Othoniel Gross Castillo, quien asumirá como Comisionado Presidente, mientras que Erwin Lara Franco y Raúl Alexis Fuentes Borjas fueron designados como Comisionados Adjuntos.
Un sistema bajo presión
El sistema penitenciario hondureño está conformado por más de 20 centros carcelarios distribuidos en todo el país, donde permanecen recluidas alrededor de 21 mil personas privadas de libertad, en condiciones que históricamente han sido señaladas por hacinamiento, violencia interna y debilidad institucional.
Durante los últimos dos años, las cárceles han experimentado una relativa calma, tras la conmoción nacional e internacional provocada por la masacre de 46 mujeres privadas de libertad en la cárcel de Támara, uno de los episodios más sangrientos en la historia reciente del país.
Antecedentes de la intervención
Tras los violentos sucesos registrados en el PNFAS en junio de 2023, el gobierno impulsó una profunda reconfiguración del sistema penitenciario bajo el mando del general Ramiro Fernando Muñoz, quien lideró la estrategia de control y militarización de los centros penales.
No obstante, pese a los cambios implementados, Muñoz fue posteriormente separado del cargo por orden directa de la presidenta Xiomara Castro, abriendo nuevamente un periodo de incertidumbre sobre el rumbo de la política penitenciaria.
Incertidumbre y expectativas
La juramentación de esta nueva comisión interventora plantea interrogantes sobre su alcance real, duración y objetivos, especialmente por realizarse en una fase final de la administración.
Sectores críticos advierten que la medida podría responder más a una decisión política de cierre que a una reforma estructural de fondo.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos, familiares de privados de libertad y expertos en seguridad mantienen la expectativa sobre si esta nueva intervención logrará consolidar la estabilidad alcanzada o si se convertirá en otro episodio transitorio dentro de la larga crisis del sistema penitenciario hondureño.
